Sarkozy insiste con las desconexiones para los usuarios que descarguen material con derechos de autor

El gobierno francés lleva ya tiempo empeñado en sacar adelante una ley que le permita luchar contra las descargas de obras sometidas a derechos de autor a través de internet.

Esta ley sería del tipo de las conocidas como «de tres avisos» en la que un usuario, tras recibir dos comunicaciones en las que se le conmina a dejar de descargar este tipo de material, vería como su conexión a Internet es desconectada a la tercera vez que se comprobara que sigue en ello.

Sin embargo, tras haber conseguido aprobar la ley, conocida como ley Hadopi por el nombre del organismo que se encargaría de su aplicación, en el Senado y la Asamblea Nacional el pasado mes de mayo, el presidente Sarkozy tuvo que ver como el Consejo Constitucional francés la declaraba inconstitucional al considerar que la ley en cuestión coartaba la libertad de expresión y comunicación de los ciudadanos al privarlos del acceso a Internet, de la que en concreto menciona su «importancia para la participación en la vida democrática y en la expresión de ideas y opiniones», y al considerar también que ignoraba la presunción de inocencia de estos al permitir en corte de la conexión sin orden ni intervención judicial.

Esto obligó al gobierno francés a reescribir la ley, cuya nueva versión acaba de ser aprobada esta semana por la Asamblea Nacional tras haberlo sido en julio por el senado.

Lo que pasa es que en esta nueva versión se contempla que una vez que un usuario haya recibido los tres avisos su caso será remitido a un juez que tendrá las opciones de cortar su conexión a Internet, imponerle una multa de 300.000 euros, o incluso enviarlo dos años a la cárcel, y todo esto sin necesidad de que el usuario en cuestión comparezca ante el juez.

Además, podría darse el caso que el titular de una cuenta de acceso a Internet se encuentre con que si un tercero hace uso de su conexión para realizar este tipo de descargas le puede caer una multa de un máximo de 1.500 euros y hasta cuatro semanas de desconexión por negligencia.

De todos modos, y dado que no ha habido un acuerdo sobre ella, el texto de la nueva ley tiene que ser revisado todavía por una comisión de siete senadores y siete miembros de la Asamblea para producir una versión final que deberá ser votada y aprobada por ambas cámaras.

Y en cualquier caso el partido socialista ya ha anunciado que de nuevo recurrirá al Consejo Constitucional, pues considera que esta ley vulnera el derecho de los acusados a defenderse.

También habría que plantearse, desde un punto de vista más práctico, si el sistema legal francés estaría en condiciones de asumir la avalancha de casos que previsiblemente se le vendría encima.

(Vía TorrentFreak y The Register).