Por falta de indicios

Anticorrupción solicita al juez que saque a Aguirre y González del caso Púnica

La Fiscalía solicita que los expresidentes de la Comunidad de Madrid no sean sentados en el banquillo en la investigación de una supuesta 'caja b' con la que habrían financiado las campañas de 2007, 2008 y 2011.

Esperanza Aguirre
Anticorrupción solicita al juez que saque a Aguirre y González del caso Púnica. 
Europa Press

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que saque a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre de la investigación por la presunta financiación irregular del PP de Madrid en el caso Púnica, según informan a Efe fuentes jurídicas. El departamento que dirige el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón no ve indicios suficientes para sentar en el banquillo a Aguirre, quien dirigió el PP de Madrid desde 2004 a 2016, ni tampoco a su sucesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. No ocurre lo mismo, añaden las fuentes, con el exconsejero Francisco Granados, a quien sí ha pedido procesar en la Audiencia Nacional. De atender el juez Manuel García Castellón a su petición, Esperanza Aguirre e Ignacio González correrían la misma suerte que la también expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, que fue investigada por la presunta financiación ilegal de la formación hasta que finalmente quedó fuera de la causa.

Este informe del Ministerio Público era uno de los últimos trámites que quedaban por completar de cara a que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, decida a qué imputados procesa y para cuáles archiva esta pieza separada número 9 de 'Púnica', cuya investigación concluyó el pasado enero La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de esta trama de corrupción por cuanto García Castellón intenta determinar si existió una 'caja b' en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011. Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la 'Púnica', en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.

En el primer golpe de la 'Operación Púnica', ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid. De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones 'a dedo' y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial. El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.

Según la versión de Aguirre, era el exgerente Beltrán Gutiérrez -con quien apenas tenía relación- quien se encargaba de todo, y dijo no saber nada de la cláusula del 1% para publicidad que se incluyó en numerosas adjudicaciones de consejerías madrileñas y que supuestamente servía para financiar irregularmente al partido. Durante la investigación, el extesorero nacional del PP Luis Bárcenas declaró al juez de Púnica que él y su predecesor en ese cargo, Álvaro Lapuerta, dieron a Aguirre un sobre con 60.000 euros procedente una donación de un empresario en la sede de la calle Génova en presencia de Granados, extremo que este último negó y pidió un carearse con Bárcenas. Finalmente, fue llamado a declarar el empresario en cuestión, Luis Gálvez, quien negó todos los hechos que relató Bárcenas; rechazó haber entregado esa cantidad ni ninguna a nadie del PP y dijo que nunca había estado en la sede de la calle Génova de Madrid.

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