Los concursos de acreedores en España subieron en julio un 25% respecto al mismo mes de 2021, hasta los 774 procedimientos, lo que supone la cifra más alta desde marzo de 2014, coincidiendo con la finalización de la moratoria concursal del Gobierno para paliar los efectos de la pandemia. De los concursos declarados, el 72% ha supuesto la extinción simultánea de la empresa, según el Estudio sobre Concursos y Disoluciones publicado este miércoles por Informa D&B, que también indica que durante este mes se han registrado 1.790 disoluciones.
"Muchas empresas esperaban el fin de la moratoria para presentar el concurso y la liquidación simultánea", explica la directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, sobre la medida vigente desde el 14 de marzo de 2020 y que finalizó el pasado 30 de junio después de varias prórrogas. A pesar de la subida de julio, los datos acumulados de concursos solo son un 4% mayor al año anterior, quedando cerca de los 4.000 procedimientos, mientras que las disoluciones avanzan en mayor medida, un 10%, hasta las 18.874.
Por territorios, Cataluña se posiciona como la primera comunidad autónoma donde más procesos concursales se han registrado en julio con 204, un 27% del total nacional, seguido por Madrid (141) y Comunidad Valenciana (129), un ránking que se repite si se consideran los registros desde que comenzó el año. Por su parte, es en Madrid donde más disoluciones se han producido, tanto en julio con 552 como en el acumulado de estos siete meses con 5.470, un 29% del total nacional, seguida por Andalucía (258 en el mes y 2.604 en el año) y Comunidad Valenciana (236 en el mes y 2.202 en el año).
Antes de que caducase esta moratoria, el Ejecutivo aprobó la ley concursal con el apoyo de PSOE, PP, UP, ERC y PDeCAT. Entre las novedades, introduce que todas las empresas, cuando reciban dinero público, tendrán que certificar que están haciendo pagos correctamente a sus proveedores, que va a ser obligatorio demostrar que los contratistas están pagando a sus subcontratistas y que se publicará anualmente una lista de empresas que hayan incumplido los plazos. Sin embargo, Cañete ha señalado que la ley podría haber sido más ambiciosa y ha exigido la aprobación de un régimen sancionador que multe a las empresas que se retrasan en el pago a proveedores.
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