La Sala II del Tribunal Supremo decidía hace unos días remitir a Alemania la causa del 'dieselgate', el proceso iniciado contra Volkswagen hace ahora seis años tras darse a conocer que la compañía alemana había instalado ilegalmente un 'software' para modificar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes en cerca de 11 millones de automóviles con motor diésel vendidos entre 2009 y 2015. El Alto Tribunal desestimaba de esta forma los recursos de los demandantes, agrupados en plataformas de abogados y en FACUA-Consumidores en Acción, contra la decisión de la Audiencia Nacional de trasladar a la Fiscalía alemana el procedimiento penal seguido en dicha sede judicial española para depurar responsabilidades por la comercialización en nuestro país de los vehículos modificados.
La decisión del Supremo supone un nuevo capítulo de un culebrón en el que en algunos casos la Justicia ha dado la razón a los consumidores, como el pasado enero a cerca de 4.500 demandantes representados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), y en el que no han faltado los recursos de la multinacional ante sentencias adversas para retrasar las indemnizaciones. La sentencia del Alto Tribunal podría obligar a los perjudicados por Volkswagen a iniciar nuevas acciones en la vía civil y la compañía podría argumentar la prescripción de los hechos.
El objetivo de la Audiencia Nacional, ratificado ahora por el Supremo, era evitar el riesgo de quebrantar el principio 'non bis in ídem', por el cual se impide sancionar dos veces por el mismo hecho. Las asociaciones recurrentes alegaban que la legislación internacional no impide dos investigaciones paralelas y menos cuando no hay sentencia alguna. Según destacaba el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Supremo había constatado nexos e identidades entre las dos investigaciones y señalaba que el juicio debía desarrollarse en Alemania por allí se habían producido los hechos, tiene la sede VW y están las personas vinculas presuntamente al asunto, mientras que en España no se ha detectado ningún responsable de las supuestas manipulaciones.
Las pruebas y los responsables están en Alemania y la sede de VW también argumenta el Supremo para respaldar el traslado de la causa
También constata la reciente sentencia del Supremo que las pruebas están en Alemania y que son procedentes de múltiples registros y que su remisión inmediata es imposible por el enorme volumen de archivos. Y resalta que tras la decisión judicial del traslado al país centroeuropeo los demandantes españoles no quedarán desprotegidos, puesto que "la investigación de la Fiscalía alemana, además, incluye los vehículos comercializados en España", un asunto que comunicó a mediados de 2018 al asumir el procedimiento penal español. En cualquier caso, en nuestro país queda la vía de la reclamación civil con el objeto de exigir el resarcimiento económico y moral por los daños provocados.
El 25 de enero de 2021, apenas nueve meses antes de la última sentencia del Supremo, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid daba la razón a casi 5.500 denunciantes que pleitearon de forma conjunta a través de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Volkswagen. Era la primera sentencia colectiva favorable por el 'dieselgate', ya que la primera individual tuvo lugar en Valladolid en 2016 y la condena a la multinacional supuso una indemnización de 5.000 euros a un particular. En el resto del mundo, las multas han sido millonarias y las compensaciones muy importantes. En Estados Unidos se impusieron 4.300 millones en sanciones y más de 17.000 indemnizaciones pactadas, mientras en Alemania las compensaciones los pagos a damnificados rondaron los 830 millones.
La decisión del Juzgado madrileño contemplaba una reparación económica media de 3.000 euros, lo que suponía un total de 16,3 millones, además de la reparación de todos los vehículos afectados de manera gratuita, más las costas judiciales. Sin embargo, al no ser firme, fue recurrida un mes más tarde por Volkswagen y ahora será la Audiencia Provincial la que deberá admitir el recurso o avalar la primera sentencia contra la compañía alemana por competencia desleal.
La prescripción es un escenario posible que puede impedir presentar nuevas denuncias por lo civil, la única vía que se deja tras el envío a Alemania
Los damnificados por VW en España que ha recurrido ante los tribunales están representados de forma colectiva por la OCU, por Facua -varios miles- y por la Agrupación de Afectados de Volkswagen (Aldea), que aglutina a nueve despachos de abogados, entre ellos Rey Núñez Abogados, Balms Abogados, Zaforteza Romero Rey Abogados y Sammos, y tiene más de 4.000 clientes personados ante la Audiencia Nacional, para los que reclama daños morales, además de la indemnización. Otros despachos también han creado pequeñas plataformas. Unos 20.000 denunciantes colectivos en total.
Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción, asegura a La Información que la decisión del Supremo supone un varapalo para los damnificados, ya que la decisión en Alemania será penal, con condenas para los responsables del 'dieselgate', pero se pierde la opción a las indemnizaciones que incluía la vía española dentro de la causa penal, que es por la que optaron por ella. La sentencia del Alto Tribunal obliga ahora a que los perjudicados tengan que abrir nuevas causas por lo civil en España, con lo que implica, y siempre que la compañía no alegue la prescripción, que es una posibilidad que existe.
En julio del año pasado, el Supremo dictó jurisprudencia sobre el caso y apreció la existencia de daños a un afectado, que fue indemnizado con 500 euros, aunque pedía más de 15.000 euros, incluidos daños morales, algo que el tribunal consideró desproporcionado. Se abría la puerta a que los diferentes juzgados diesen mayoritariamente la razón a los demandantes, pero con un plazo muy limitada para presentar las reclamaciones, que acabó el 18 de diciembre de 2020. En cualquier caso, no todo está perdido para los socios de Facua. Cerca de 1.600 tienen abiertos en Alemania procesos civiles contra la multinacional en los que se reclaman indemnizaciones. Esta alternativa, según admite Sánchez, se planteó de forma generalizada en 2019 como una fórmula para blindarse ante las intenciones de derivar la causa a Alemania, que ahora ha sido apoyada por el Tribunal Supremo.
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