Nuevo frente judicial... Los divorcios se disparan tras el desplome en pandemia

En el segundo trimestre de 2021, las demandas de disolución matrimonial han mostrado un importantísimo incremento respecto al mismo trimestre del año anterior, en el que las restricciones y cierres de juzgados durante la pandemia del coronavirus hicieron que se frenasen a niveles desconocidos y se registrasen históricamente bajas. Según los datos recogidos por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número total de demandas de disolución matrimonial presentadas entre marzo y junio de este año fue de 26.752, un 62,2 % más que en el mismo periodo de 2020. Puesta en relación con el total de demandas de este tipo presentadas durante el segundo trimestre de 2019 (28.477), la cifra muestra un descenso del 6%.

Los juzgados acumulan trabajo y todavía no han recuperado el ritmo previo a la pandemia, eso en parte puede responder que no se hayan alcanzado las cifras prepandemia, que pese a todo ya empiezan a ser muy parecidas a las últimas que se han dado a conocer. Según las proyecciones del CGJP para final de año, realizadas para planificar y tomar determinadas decisiones, muestran un agravamiento del colapso en los juzgados con respecto al año pasado, debido en parte a un incremento de nuevas denuncias cercano al 8% con respecto a 2020. Diciembre, según sus previsiones, acabará con casi 3,5 millones de asuntos en trámite, 450.000 más que el año pasado -el 10,8%- y un incremento de 700.000 con respecto a 2019, aunque son proyecciones que deben tomarse con cautela debido a las circunstancias imprevisibles generadas por los efectos de la Covid.

Según los datos sobre disoluciones, si se realiza el análisis de cada tipo de demanda por separado: las 15.935 demandas de divorcio consensuado presentadas en el segundo trimestre de 2021 son un 66,8% más que las presentadas en el mismo trimestre de 2020; y las 9.754 demandas de divorcio no consensuado representan un 55,7% más. Por lo que respecta a las demandas de separación, las consensuadas, de las que se han presentado 741, han aumentado un 66,1% respecto al mismo trimestre de 2020 y las 306 no consensuadas representan un 43 % más que las presentadas hace un año.

Si se realiza la comparación respecto al segundo trimestre de 2019 se produce un descenso de apenas el 2,9% para los divorcios consensuados; del 10,3% para los no consensuados; del 10,9% para las separaciones consensuadas y del 16,6% para las no consensuadas. El número de demandas de nulidad, 16, son tres menos que las presentadas en el segundo trimestre de 2020 y 8 menos que hace dos años.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del trimestre con la población a 1 de enero de 2021, vemos que el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 69; Islas Baleares y Comunidad Valenciana, con 63,4 y 62,9, respectivamente; Murcia, 61,8; Cantabria, 60,6; Andalucía, 59; y Madrid, 56,9. Todas ellas superan la media nacional, que es de 56,5 por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en Castilla y León, con 43,5; Aragón, con 45,3; y País Vasco, con 46,9.

Según las previsiones del órgano judicial, los juzgados de Lo Civil, que en distintas áreas tratan temas de familia, mercantiles, concursos de acreedores, demandas contra compañías aéreas y agencias de viajes, arbitrajes o asuntos hipotecarios verán incrementados los ingresos de expedientes en un 13,4% y los asuntos en trámite a final de año aumentarán más de un 11,5%, según las proyecciones del órgano de Justicia. Pese a todo, los ingresos de asuntos en los juzgados, frenados por las restricciones que todavía siguen, serán significativamente más bajos que en 2019, 800.000 menos, pero esta reducción de las entradas no se traducirá en un menor número de asuntos pendientes, que aumentarán en 700.000 con respecto a diciembre de hace dos años.

Los arbitrajes telemáticos, con plenas garantías para las partes, no han sido determinantes para agilizar la carga de trabajo en los juzgados y los efectos del Plan de Choque aprobado a mediados del año pasado, con medidas que requieren desarrollo normativo, e impulsado por el anterior titular del Ministerio, Juan Carlos Campo, todavía no se dejan ver. El objetivo de la iniciativa, que en su primera fase se puso en marcha en el tercer cuatrimestre del año, era hacer frente al previsible aumento de la litigiosidad derivado de la ralentización de la actividad durante la crisis reforzando los órganos judiciales de los órdenes social y mercantil, "con una carga de trabajo superior al 130% del módulo establecido por el CGPJ", según reconocía el ministerio.