España encabeza, junto a Grecia, el ránking de procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea por no trasponer o hacerlo de la forma incorrecta las directivas comunitarias, normas que establecen los objetivos en diferentes áreas que los países de la UE deben cumplir y que previamente deben haber trasladado a su legislación. En el caso de nuestro país, el mayor número de amonestaciones tienen que ver como materias sensibles como la fiscalidad, las finanzas, la medioambiental y la laboral. Los últimos datos facilitados por la institución europea muestran que España tiene 106 asuntos activos.
Aunque las sanciones por estos incumplimientos tardan en llegar, hay dos años para que los estados miembros apliquen la mayoría de las directivas y luego se inicia el trámite judicial con la denuncia de la Comisión Europea al Tribunal comunitario, las multas no son infrecuentes. En febrero del año pasado, el TJUE imponía a España los dos tipos de sanciones previstos en el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, siendo condenada al pago de 15 millones de euros de euros y una multa diaria de 89.000 euros por no adoptar en tiempo la Directiva de protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales.
Según recoge la institución europea, España, además de Grecia y Luxemburgo, todavía no han trasladado a la legislación nacional la directiva sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo -Directiva 2019/713-, por lo que ha recibido una carta de emplazamiento -que llegó en 2021- y un dictamen motivado, al que debe ajustarse antes del 4 de junio. Los Estados miembros acordaron que la transposición y la comunicación de la adaptación a las normativas de los países se realizaría antes del 31 de mayo de 2021.
España tampoco ha transpuesto la directiva de eficiencia energética de los edificios y sigue impidiendo el pago de impuestos desde el extranjero
Hace apenas una semana, nuestro país dio un primer paso para la adaptación a la normativa con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Proyecto de Ley por el que se modifica el Código Penal para la transposición de directivas europeas y perseguir fraudes realizados a través de medios de pago digital o a través de criptomonedas. Ahora, la decisión deberá ser remitida al Congreso de los Diputados, acompañada de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios, para que se pronuncie sobre el proyecto.
También España tiene un procedimiento abierto por el incumplimiento de la directiva sobre aguas residuales urbanas, que ya ha sido remitido y que podría acabar con una importante sanción. La normativa tiene por objeto proteger el medio ambiente y la salud humana de los efectos adversos de las aguas residuales de los sectores doméstico e industrial y emplaza a que los los pueblos y ciudades establezcan la infraestructura necesaria para recoger y tratar sus aguas residuales urbanas antes de verterlas en las masas de agua. Sobre este asunto, la Comisión realizó numerosas investigaciones para encontrar las pruebas que revelasen el incumplimiento y encontró 133 graves incidencias en España. La Comisión envió una carta de emplazamiento a España en diciembre de 2016 y un dictamen motivado en febrero de 2020 en el que pedía a España que cumpliera plenamente la Directiva sobre aguas residuales urbanas.
Tampoco se ha transpuesto la norma comunitaria de eficiencia energética de los edificios -directiva 2018 /844-, que introdujo nuevos elementos para fortalecer el marco existente, como requisitos mínimos de rendimiento energético para nuevos edificios, electromovilidad y puntos de recarga, y nuevas reglas sobre la inspección de los sistemas de calefacción y aire acondicionado. El objeto de esta ley europea es modernizar el sector de los edificios a la luz de las mejoras tecnológicas y aumentar la baja tasa de renovación de edificios para mejorar el rendimiento energético del parque de edificios de la UE. La norma revisada debía transponerse a la legislación nacional antes del 10 de marzo de 2020, y en mayo de 2020, España, Croacia y Luxemburgo ya fueron apercibidos.
La CE amonesta a España por obligar a matricularse en nuestro país los aviones de otros países, lo que vulnera derechos de algunos operadores
La Comisión también ha emplazado a España a aplicar correctamente el Reglamento (UE) 2018/1139 sobre Aviación Civil y la Agencia Europea de Seguridad Aérea y el Reglamento (UE) 1178/2011 sobre las tripulaciones de aviación civil. Nuestro país exige que las aeronaves ya matriculadas en otros Estados miembros o en terceros países se vuelvan a matricular en España antes de que puedan tener su base permanente allí. "La obligación española de reinscripción de determinadas aeronaves impone un requisito adicional que dificulta la armonización necesaria para garantizar un nivel elevado y uniforme de seguridad de la aviación civil en la Unión, y vulnera el derecho de los operadores de aeronaves matriculadas en otros Estados miembros o terceros países base de dichas aeronaves en España", señala la CE.
La institución también ha enviado un dictamen motivado a nuestro país debido a que la legislación fiscal española impide que las personas físicas paguen sus impuestos mediante domiciliación y, en algunos casos, mediante transferencia bancaria, si su cuenta bancaria está en otro Estado miembro de la UE. Hasta la fecha, establece que un proveedor de servicios de pago, es decir, un banco, debe ser autorizado por las autoridades fiscales españolas como "entidad colaboradora". En la práctica, es muy difícil que los proveedores de servicios de pago extranjeros obtengan la autorización, lo que es contrario a lo dispuesto en el Reglamento SEPA -260/2012-.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios