La Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas (AAIC), entidad creada para apoyar a los afectados por actuaciones fraudulentas en la inversión en moneda virtuales ha logrado que los titulares de una plataforma, a través de la que fueron estafados, reconocieran su delito y se vieran forzados a devolver la cantidad defraudada a los afectados antes del juicio. La AAIC formuló querella ante los Juzgados de Instrucción de Valencia por delitos de estafa, apropiación indebida y otros, contra P. S. M., persona física y la mercantil contra la que actuaba en representación de un grupo de afectados.
El Juzgado de Instrucción 2 de Valencia admitió la querella y procedió a señalar pruebas, dando traslado de la querella y citando a los querellados a declarar. Ante el riesgo de condena en el procedimiento penal, los querellados, junto con sus letrados, han llegado a un acuerdo con los abogados de los afectados representados por la AAIC. Con este acuerdo se ha conseguido el resarcimiento a plena satisfacción de las pretensiones de todos los afectados representados. A cambio, la AAIC, presidida por la abogada Emilia Zaballos y directora de Zaballos Abogados, ha retirado la querella frente a las personas física y jurídica, tras haber recibido el pago de los querellantes.
"Estamos muy satisfechos, ya que nos encontramos ante el primer caso de satisfacción extrajudicial de los estafados conseguido la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas a favor de los afectados a los que representa tras el inicio de las acciones judiciales", afirmó Zaballos tras conocer la decisión. "Se trata de un primer paso esperanzador, pero hay que seguir adelante defendiendo a los afectados. La única forma de conseguir que se haga justicia con este tipo de fraudes con criptomonedas es plantear querellas colectivas", aseguró.
"Los estafadores aprovechan el vacío legal en el que se hallan las criptomonedas hasta que se apruebe el reglamento europeo que las regula, denominado MiCa. Es necesario que se cree un organismo regulador como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España, pero independiente, además de impulsar la especialización y formación de jueces y abogados en criptomonedas. Además, urge regular la publicidad engañosa, poner énfasis en la seguridad jurídica de las transacciones y fomentar la formación e información sobre las criptomonedas y la familiarización en su uso, por ejemplo, regulando los lugares desde los que se pueden realizar pequeñas transacciones", concluyó Zaballos.
En abril del año pasado, Zaballos Abogados presentó una querella en representación de 300 afectados por una presunta estafa de 210 millones de euros en criptomonedas por parte de Javier Biosca Rodríguez. En la demanda se denunciaban nueve delitos: apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y falsedad en documento público. La querella criminal, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el ejercicio de la particular, al amparo de lo establecido en el artículo 125 de la Ley de Criminal, fue presentada en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, del que es titular provisional Santiago Pedraz.
"Los afectados son desde notarios, abogados, policías nacionales, empresarios, hasta inspectores de Hacienda, jueces o empleadas domésticas, jubilados y parados", afirmaba Zaballos. Javier Biosca comenzó con su negocio a mediados de 2019 y recibía un beneficio semanal del 20% o el 25% del capital invertido. "En 2020 pasó al 8 o al 10%, en cualquier caso muy por encima de lo que cualquier banco da hoy en día”, declara Emilia Zaballos.
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