La moratoria de los concursos de acreedores vigente finaliza, salvo nueva prórroga, el próximo 30 de junio, aunque ya numerosos colectivos piden un nuevo aplazamiento, puesto que la incertidumbre económica sigue. La medida ha tenido, sin duda, un efecto, como otras decisiones puestas en marcha contra la crisis derivada de la de la Covid, como los avales de Instituto de Crédito Oficial (ICO), para pagar facturas y nóminas, además de un aluvión de ayudas directas a pequeñas empresas y autónomos. Sin embargo, que acaben estos apoyos fundamentales al tejido empresarial, con un panorama incierto protagonizado por la guerra en Ucrania, puede tener efectos devastadores en determinados colectivos. Así, el despacho de abogados Abencys apunta que al finalizar la moratoria se pueden acumular diversos factores que pueden afectar de manera singular a una mayoría de las sociedades.
Al amparo de la conocida como 'moratoria concursal', impulsada casi inmediatamente después de que se declarase el estado de alarma en marzo de 2020, las empresas insolventes han estado dispensadas de presentar concurso de acreedores a pesar de que legalmente obligadas a ello. Sin embargo, con el fin de la moratoria y la economía todavía intentando remontar frente a nuevos problemas, se prevé que sean numerosas las compañías que acudan simultáneamente al concurso, muchas de ellas ya empresas zombis, esto es, compañías de facto inviables que han mantenido su actividad de forma artificial a causa de las medidas públicas de apoyo produciéndose así una asignación ineficiente de recursos.
Ante esta situación, el despacho Abencys, mantiene su postura: “lo que en principio fue una medida lógica y adoptada en la mayoría de los países de nuestro entorno, con el paso del tiempo, las sucesivas prórrogas y la no exigencia de ningún requisito para poder acogerse a éstas, se ha convertido en una medida con unos efectos contraproducentes para el futuro del tejido productivo español”. A la vista del número de concursos presentados desde la entrada en vigor de esta medida, es evidente que la moratoria concursal ha generado un efecto sedante en las empresas en dificultades, sumiéndolas en una falsa sensación de que la decisión sobre las medidas a adoptar para la supervivencia del negocio puede posponerse casi indefinidamente.
La moratoria ha retardado de forma artificial la 'muerte' de muchas empresas, que han continuado operando agravando su mala situación
En esta línea, Javier Díaz-Gálvez, socio de Abencys, es consciente de que cuando una empresa entra en dificultades no es sencilla la puesta en marcha de medidas necesarias para posibilitar su supervivencia, pero lamenta que "la moratoria concursal finalmente no ha ayudado a este fin, sino más bien al contrario, posponiendo artificialmente la solución al problema. Muchas empresas en dificultades, que deberían haber afrontado ya medidas complejas pero necesarias para su supervivencia, han continuado operando en la misma situación agravando su estado, y ahora con el fin de la moratoria, deberán enfrentarse a la realidad de su posiblemente, crítica situación".
Pese a que durante el periodo de mora han continuado solicitándose concursos de acreedores, son muchas más las empresas y empresarios que se han venido acogiendo a las sucesivas ampliaciones de la moratoria concursal, retrasando así la presentación de su concurso al tener cobertura legal para hacerlo. Es por tanto previsible que tras el fin de la medida, todas las empresas y empresarios afectados con el fin de tratar de evitar responsabilidad de sus administradores no van a tener otra opción que solicitar su concurso de acreedores durante los próximos meses, por lo que si a ese efecto sumamos el cambio de normativa que también se avecina en la regulación de los procedimientos concursales y la segunda oportunidad se puede ocasionar un verdadero colapso de los juzgados mercantiles que no han visto reforzados sus medios en este periodo de mora.
El fin de la moratoria concursal es una más de las medidas de ayuda que desaparecerán. Así, el fin de la vigencia de las principales medidas de apoyo a los autónomos durante la crisis generada por la pandemia, la inflación desbocada en plena negociación de los convenios colectivos, los precios del combustible y de los productos básicos disparados y los numerosos compromisos económicos con diferentes colectivos con fecha de caducidad de 30 de junio auguran un panorama de conflictividad laboral, despidos y cierres de negocios en pleno comienzo de las vacaciones.
Los anuncios y advertencias de movilizaciones y paros son ya una realidad en el transporte, que durante marzo paralizó media España y frenó el abastecimiento, pero también en otros sectores debido a las propuestas enfrentadas de subidas salariales entre los sindicatos mayoritarios y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). A finales de noviembre, el Gobierno prorrogó siete meses más los escudos contra la crisis que había facilitado a autónomos y pequeñas empresas para que siguiesen manteniendo abiertos los negocios y garantizando el empleo, aunque no todos pudieron evitar los cierres y los despidos. Las principales medidas contempladas eran los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pagar nóminas, rentas, suministros y/o a los proveedores, algo que a muchos les ha permitido aguantar hasta ahora, además de las ayudas directas a los trabajadores por cuenta ajena que distribuyen las administraciones autonómicas.
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