La impredecible pandemia del coronavirus, que obligó a partir de marzo de 2021 a decretar varios estados de alarmas sucesivos y numerosas restricciones, que obligaron al cierre de buena parte del tejido empresarial, ha hecho que los ciudadanos españoles, también los de otros países, hayan vivido una situación excepcional, que ha forzado a tomar numerosas medidas sociales, económicas y laborales, que se han traducido en un aluvión de normas, decretos y leyes. Esto ha propiciado que solo durante el año 2021, nuestro país haya impulsado un total de 1.200 normas estatales y autonómicas, que ocupan, una vez trasladas a los boletines oficiales, 1,1 millones de páginas, un volumen similar al registrado en 2020, y que sin duda resulta difícilmente asumible.
Pese a que España no ocupa los primeros puestos en el ránking mundial en cuanto el 'imperio de la ley', si es cierto que se encuentra lejos de los países más avanzados, y lejísimos de las naciones del norte de Europa como -Dinamarca, Suecia, Holanda, Noruega, Suiza o Alemania. Según se desprende de un extenso análisis elaborado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), nuestro país cuenta además con algunas 'peculiaridades', como la complejidad de las leyes, la disparidad normativa de las comunidades autónomas y la escasa calidad técnica de muchos de los textos reguladores, unos ingredientes que dificultan en gran medida la labor empresarial y las inversiones y se traduce en un gasto económico extra en asesoría jurídica y fiscal. Las duplicidades y la escasa duración de las leyes, derogadas constantemente, también juegan contra la economía y los ciudadanos.
Así, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía un total de 851 nuevas normas -recogidas en un cuarto de millón de páginas- durante el pasado año, un 7% más que en 2020 y un ritmo de crecimiento inferior al de años anteriores. Pese a todo, 2021 es uno de los ejercicios en los que se registra mayor afán regulador, dejando atrás los del inicio de la Democracia y la puesta en marcha del Estado de las autonomías y los de la recesión económica. El Ejecutivo socialista 'tiró' especialmente del real decreto ley para sacar adelante sus medidas y los 32 que se aprobaron suponen el mayor volumen desde 1978, si dejamos de lado 2022, el año de la pandemia y las restricciones. Desde 1977 han sido publicadas 37.500 normas, según el informe de la patronal empresarial.
Las CCAA ocuparon 826.000 páginas de sus boletines oficiales con 348 normas. Mientras, en la UE, la mitad de las normas aprobadas han sido directivas
El análisis de las publicaciones oficiales autonómicas también deja patente el ansia reguladora de los responsables autonómicos, que impulsaron en el segundo año de pandemia 348 normas, que ocuparon 846.000 páginas editadas -el 24% más que en 2020-, de las que es clara protagonista Cataluña, responsable del 14% del total. Así, las comunidades ya son las impulsoras del 78% del volumen normativo publicados en los diferentes boletines oficiales. Por otro lado, el número de normas con rango de ley procedentes de las comunidades autónomas fue cinco veces mayor que el de normas con rango de ley estatales.
Mientras, la tercera pata, la Unión Europea, también se ha convertido en una imparable máquina de sacar adelante normas. El número de actos jurídicos adoptados en 2021 ascendió a 2.176, distribuidos en 1.005 reglamentos, 29 directivas y 1.142 decisiones. En comparación con la actividad normativa del año anterior, en 2021 se registró un notable incremento del 7,2%, teniendo en cuenta que en 2020 se aprobaron un total de 2.030 actos.
En la actualidad, hay en vigor 46.200 normas europeas, prácticamente la mitad son directivas y la otra mitad son decisiones del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE). Solo 2.800 son acuerdos internacionales. La agricultura, el medio ambiente, la política industria y la competencia son protagonistas entre la normativa derivada de las directivas y reglamentos, mientras un de cada cuatro sentencias del TJUE tenían que ver con la política interior de la Unión Europea. El peso de las líneas legales que marca Bruselas se constata en que durante 2021, de las 55 leyes que sacó adelante el Congreso de los Diputados, el 51% recogían aspectos fijados por las instituciones de la Unión Europea.
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