El juez apuntilla al 'gigante' urbanístico Polaris y declara culpable a su concurso

Hace ahora dos décadas nacía en Torre Pacheco (Murcia) de la mano de un empresario de la localidad, Pedro García Meroño, Polaris World, uno de los mayores proyectos urbanísticos -y seguramente el más ambicioso- de los que se han llevado a cabo en España. Tras unas vacaciones en Florida, García Meroño decidió poner en marcha, en paralelo con el 'boom del ladrillo', siete resorts con villas, adosados y apartamentos de lujo y numerosas infraestructuras en una zona inhóspita, sin apenas agua, lejos de la costa y a más de 40 kilómetros de Murcia capital. Llegó a ocupar 35 millones de metros cuadrados de suelo, se edificaron 20.000 inmuebles y tuvieron 2.000 trabajadores en algún momento para prestar sus servicios en unas áreas totalmente cercadas en las que abundaban las zonas verdes, los parques y piscinas y excelentes campos de golf. El diseño despertó el interés de inversores y de particulares extranjeros.

En el interior de los complejos había colegios internacionales, como el King's College Murcia, calificado por la revista 'Forbes' como el mejor centro bilingüe de España, tres hoteles de cinco estrellas, como el Crowne Plaza, con 115 habitaciones, cuatro restaurantes y spas de lujo, que en 2019 pasó a ser un Hilton. Quedaba lejos la burbuja inmobiliaria -llegó a facturar algunos años 800 millones- y todavía más lejano 2016, año en el que empezó  un proceso administrativo y judicial, con la declaración de un concurso de acreedores, que se ha saldado hace apenas unos días con una condena de pago de 12,6 millones de euros por el déficit patrimonial provocado por el retraso en el reconocimiento de la quiebra al que fue su principal administrador, José Luis Hernández de Arce, y Polaris World Development. 

En la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia, a la que ha tenido acceso La Información, se exime al fundador del gigante inmobiliario de responsabilidad en el retraso a la hora de acudir al concurso de acreedores. Polaris World, que llegó a tener 47 mercantiles en el momento en que se declaró el concurso.  en él entraron 11 sociedades, aparecía el pasado julio en la lista de morosos de Hacienda, con una deuda de 24,6 millones de euros, la mayor de la región con el Fisco.

Hubo un retraso no justificado a la hora de declarar la quiebra, ya que cuatro años antes había signos más que evidentes de la situación de insolvencia

Mientras, según datos del Banco de España, la CAM, Bancaja, el Banco de Valencia y el Banco Popular tuvieron que asumir activos de Polaris World por valor de 1.200 millones de euros, una decisión que dejó en un estado crítico  el patrimonio inicial. A finales de 2020, el grupo inmobiliario siguió deshaciéndose de activos y se subastaron 362 propiedades entre las que había plazas de garaje, locales comerciales, oficinas y viviendas y 7 locales del Club Social de El Valle Golf Resort del Grupo Polaris World. Las viviendas iniciales se adquirieron por cinco veces más que lo que cuestan ahora, un momento en el que se pueden adquirir apartamentos por 40.000 euros y chalets, por menos de 150.000. 

Desde el grupo inmobiliario siempre se pensó que se podía salir adelante y se intento cubrir las deudas con diferentes estrategias, pero nada resultó. Pese a todo el concurso voluntario no llegó hasta cuatro años después del momento más crítico. En las 11 resoluciones que aparecen en la sentencia, una por cada una de las sociedades que se incluyeron en el concurso, se destaca que hubo un retraso no justificado a la hora de declarar la quiebra, ya que cuatro años antes había signos más que evidentes de la situación de insolvencia. El fallo señala que el tiempo perdido sirvió para agravar la situación y hacer más difícil cumplir con los acreedores.

A partir del mes de mayo de 2012, señala la sentencia, Polaris World dejó de atender gran parte de las obligaciones derivadas de la actividad empresarial. Ya no abonaba las amortizaciones de los préstamos contraídos con distintas entidades financieras, por lo que se produjo un aumento de la deuda por los intereses de demora. Los incumplimientos en el pago de la deuda con los bancos llevaron a los auditores de la compañía -la firma KPMG- a que, en el informe de auditoría de las cuentas de 2012, incorporaran una incertidumbre material sobre la capacidad de la concursada y del Grupo Polaris para continuar con su actividad.

Las deudas con los bancos, con Hacienda, con trabajadores y con las comunidades de propietarios hizo insostenible la situación a mediados de 2012 

Junto a esto, destaca que incumplió parcialmente la obligación de abonar los pagos pendientes a la AEAT, asumidos como consecuencia de la absorción por parte de la concursada de otra compañía del grupo y que ascendían a más de 14 millones de euros. Igualmente señala la resolución que no se hizo frente a las obligaciones propias de su actividad tales como el pago de los impuestos locales devengados por la titularidad de los inmuebles de la concursada o las cuotas de las comunidades de propietarios. "Pese a todo, no se pidió el concurso hasta octubre de 2016", señala. 

"Desde que comenzaron a producirse los referidos incumplimientos en los pagos, poniéndose de manifiesto la situación de insolvencia, y hasta el momento en que fue solicitada la declaración de concurso, se produjo una importante agravación de las cuentas, incrementándose las deudas. La deuda con las entidades bancarias, que al cierre del ejercicio 2012 ascendía a 51,5 millones euros, aumentó en 11 millones de euros hasta la fecha de declaración del concurso.

Por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles, plusvalía, Impuesto de Actividades Económicas, e Impuesto de Vehículos, la deuda acumulada desde el año 2013 y hasta la fecha de declaración del concurso ascendió a 2,5 millones. Mientras la deuda con las comunidades de propietarios y con las Entidades Urbanísticas de Conservación, esta se incrementó hasta los 5,3 millones. La sentencia contempla que todos estos perjuicios para los acreedores derivados del retraso en la solicitud del concurso supusieron 26,6 millones de euros.