El ex presidente catalán Carles Puigdemont argumentará que España planea derogar el delito de sedición por el que está reclamado por el Tribunal Supremo (TS) durante la vista oral que se celebrará el próximo 25 de noviembre en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), en la que su defensa intentará reivindicar que su inmunidad como europarlamentario impide que se pueda proceder penalmente en su contra.
Está previsto que la vista oral comience sobre las 9:00 horas del próximo viernes y que se alargue varias horas durante las cuales los representantes legales de la Eurocámara y España y la defensa de Puigdemont expondrán sus respectivas posiciones para someterse después a las preguntas que quieran plantear los magistrados.
El TGUE analizará la demanda presentada el 19 de mayo de 2021 contra las decisiones adoptadas el 9 de marzo de ese mismo año por el PE con las que aceptó el suplicatorio cursado por el instructor del 'procés', Pablo Llarena, suspendiendo así la inmunidad de Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí.
La Eurocámara consideró que los hechos por los que Puigdemont y Comín están reclamados por delitos de sedición y malversación -y en el caso de Ponsatí, solo por sedición- son anteriores a que ocuparan su escaño, por lo que no guardan relación alguna con su actividad como eurodiputados. La defensa recurrió al estimar que el PE había dejado sin respuesta una serie de cuestiones que abren la puerta a que el suplicatorio pueda ser revocado, identificando hasta 14 puntos afectados por este silencio parlamentario. Uno de los argumentos no contestados a favor de mantener la inmunidad de Puigdemont es el de que la Justicia española le reclama por un delito --el de sedición-- que no está penalizado en todos los Estados miembro.
Las "contradicciones" de España
Fuentes de la defensa del expresident avanzan que, para reforzar esta tesis, alegarán que en España ya existe una proposición de ley de los grupos parlamentarios que forman el Gobierno para derogar la sedición. En la misma línea, apuntan que se mencionará igualmente que el Gobierno se ha mostrado abierto a reformar también el delito de malversación, aunque para ello no haya todavía una propuesta concreta.
En este nuevo contexto, cobra especial importancia el alegato de persecución política que hacen los tres líderes independentistas, porque la defensa esgrimirá que los vaivenes de España -reclamar primero por rebelión, luego por sedición y ahora eliminar dicho delito- refuerzan la tesis de que se les estaría cercando por motivaciones políticas.
Un "derecho nuevo"
Las citadas fuentes asumen que se trata de una maniobra arriesgada porque en la vista oral no se pueden introducir hechos nuevos que no constaran en la acción de nulidad contra el suplicatorio. Sin embargo, al hilo recalcan que en este caso concreto estaríamos en una situación excepcional por cuanto se trata directamente de un "derecho nuevo" en ciernes que puede afectar al conjunto del caso.
Cabe recordar que Puigdemont, Comín y Ponsatí recuperaron provisionalmente su inmunidad como eurodiputados el pasado 24 de mayo, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló un pronunciamiento anterior que descartó darles esta medida cautelar al considerar que la retirada de esta protección parlamentaria no afectaba a sus desplazamientos como miembros del PE ni quedaba acreditado que pudieran ser detenidos de forma inminente.
La decisión de fondo será la que tome el TGUE tras la vista oral, en una sentencia que se espera hacia finales de enero o principios de febrero. Las mismas fuentes advierten de que, si el tribunal europeo da la razón a Puigdemont y blinda su inmunidad, podría volver a España de forma inmediata sin ser detenido.
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