El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto que la Generalitat aprobó en 2020 para regular el alquiler de habitaciones a turistas, porque durante la tramitación de la normativa se obviaron procedimientos de información pública. En su sentencia, el alto tribunal catalán estima parcialmente el recurso presentado por la Asociación Vecinos y Anfitriones, que representa a personas que alquilan habitaciones a viajeros en su propio domicilio, para que se cumplan los "trámites formales de información pública omitidos" durante la tramitación del decreto.
Según reconoce el TSJC, la última redacción del decreto, que fue aprobado en 2020, contenía "modificaciones sustanciales" respecto al proyecto inicial que había sido sometido a información pública años antes. "No se puede sostener que las variaciones fueran adjetivas o meramente superfluas", añade el fallo, que detalla que las modificaciones incorporadas en el decreto final establecían una limitación al número de días de la estancia y la capacidad de los hogares compartidos, además de introducir la necesidad de habilitación otorgada por el Departamento de Empresa.
Por todo ello, el alto tribunal anula el decreto para que se reabra el trámite de información pública "con las personas o entidades afectadas, dada la importancia de la regulación que se pretende y los condicionantes que se quieren introducir en la regulación de los hogares compartidos".
En un comunicado que recoge Efe, la Asociación de Vecinos y Anfitriones ha celebrado el fallo, que considera "histórico", y ha denunciado que la Generalitat nunca "ha tenido la voluntad real de estudiar el fenómeno" del alquiler de habitaciones a turistas y "hacer una regulación coherente a las características de los hogares compartidos".
Para la Asociación se trata de una actividad que se lleva a cabo en la residencia habitual, a diferencia de los alojamientos turísticos, por lo que "no puede equipararse a las mismas condiciones y requisitos que cualquier otra actividad profesional".
Asimismo, la entidad considera que con la "prohibición encubierta de hogares compartidos", el Ayuntamiento de Barcelona está "protegiendo y consagrando la modalidad de las viviendas turísticas, que son las que se encuentran en manos de grandes tenedores" y crean los "verdaderos problemas de convivencia".
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