La secesión encubre a 800 morosos con 2.500 millones de deuda con Hacienda

La Generalitat continua adelante con su idea de declarar la independencia. Ni las amenazas del Ejecutivo central ni las crecientes fugas empresariales, que harán que la comunidad pierda miles de millones en impuestos, parecen obligar al Govern a cejar en su empeño soberanista. Sin embargo, un elevado número de compañías podrían llegar a beneficiarse de una ruptura unilateral entre España y Cataluña. Se trata de las 800 empresas catalanas que aparecen en la última lista de mororos publicada por la Agencia Tributaria y que deben a las arcas públicas cerca de 2.500 millones de euros.

Concretamente, en el listado total aparecen 4.549 personas jurídicas, por lo que las 800 catalanas representan un 18,9%. Además, las deudas del listado completo suman un montante de 14.700 millones de euros, por lo que los 2.478 millones de Cataluña suponen un 16,8% del total. Entre ellas, Petro-Nova Oil, con una deuda que supera los 82 millones de euros y con sede social en Barcelona, o Unipost, a la que la Guardia Civil incautó centenares de sobres embalados y almacenados en cajas y abundante material relacionado con el referéndum ilegal del 1-O, y que debe al estado más de 5 millones de euros.

A las dificultades habituales que encuentra el Gobierno para cobrar esa deuda, ya que muchas se encuentran en fase de liquidación, se añadiría la problemática que surgiría en caso de producirse una hipotética declaración de independencia y fuera necesario dilucidar a quién correspondería cobrar. "No está previsto en ningún lado. En el caso de una independencia unilateral sería complicado cobrar esa deuda. En el caso de que esta independencia se produjera de forma pactada habría incluir en la mesa de negociación qué parte de la recaudación pendiente corresponde a cada uno", explica Pablo Hernández, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pontificia Comillas-Icade.

"Si se tratara de empresas que tuvieran bienes en otras partes de España se podría actuar contra estos. Si solo operaran en Cataluña podría haber más problemas porque los funcionarios españoles no podrían reclamar coercitivamente en el extranjero. Otro escenario posible es que se firmara un convenio de ayuda en la recaudación en el que España le tendría que pedir a Cataluña que recaude el dinero y luego se lo entregue. Por último, si una Cataluña independiente fuera parte de la UE entrarían en vigor los acuerdos tributarios europeos", continúa.

Es decir, en una eventual Cataluña independiente el cobro de las deudas fiscales que particulares y empresas mantienen con el Fisco español no estaría ni mucho menos garantizado, ya que no hay ningún organismo internacional que arbitre este tipo de circunstancias. "En el ámbito internacional estas situaciones se regulan a través de los convenios de doble imposición, pero es evidente que en este caso concreto no existiría tal figura. En términos generales, si la segregación de una parte del territorio de un país se da por acuerdo estas situaciones se suelen sustanciar en la negociación de las condiciones de la independencia, si no se hace por este cauce la situación sería más compleja. Es decir, se convertiría en un problema, ya que una vez que el contribuyente pasa a tener que cumplir sus obligaciones ante otras Administración Fiscal se hace difícil exigir obligación tributaria alguna para otra jurisdicción", coincide Jesús Rodríguez Márquez, director del Área de Práctica Tributaria de F&J Martín Abogados.

Sociedades, IRPF e IVA son solo del Estado

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda ha advertido en varias ocasiones que, pese a que Cataluña disponga de su propia Administración Tributaria, que es competente para gestionar sus propios tributos y los impuestos estatales cuya recaudación le es cedida íntegramente, no se considerarán presentadas las liquidaciones de impuestos estatales, ni pagadas las deudas derivadas de los mismos que se hagan en las administraciones autonómicas que no correspondan. 

Lo que esta advertencia legal quiere decir es que tributos como el Impuesto de Sociedades, IRPF e IVA solo podrán ser recaudados por el Estado y, de lo contrario, podría comportar pagar por duplicado la deuda ya que según artículo 33.3 del Reglamento General del Recaudador, “los pagos realizados a órganos no competentes para recibirlos o a personas no autorizadas para ello no liberarán al deudor de su obligación de pago”. Si estas actuaciones fueran especialmente graves podrían incluso ser constitutivas de delito contra la Hacienda Pública.

No obstante, los cerca de 2.500 millones de euros de la lista de morosos que están en juego parecen poco al lado de lo que perdería Cataluña en caso de independizarse. Según un informe del Gobierno, la independencia de Cataluña tendría efectos adversos sobre los flujos comerciales, el turismo y la inversión extranjera, lo que reduciría significativamente el PIB del nuevo Estado, concretamente, un 18,8%, es decir, supondría unas pérdidas de 36.699 millones de euros. "Es un cálculo conservador ya que no se valoran los probables efectos sobre la salida de capitales, inestabilidad financiera y establecimiento de una nueva moneda ni los servicios a los que tendría que hacer frente y que hasta ahora proporciona el Gobierno Central, como Defensa, Seguridad, Diplomacia… por lo menos en los primeros años de la independencia", concluye el informe.