Los grandes fondos de inversión controlan las empresas propietarias de las redes de electricidad (REE), gas (Enagás) y petróleo (CLH) en España. Quieren rentabilidad, lo que obliga a las compañías a buscar proyectos en el exterior para compensar la menor actividad en el mercado interior, ya maduro. La internacionalización de estas empresas, participadas o vigiladas por el Estado y en algunos casos retribuidas desde las tarifas de luz y de gas, plantea una cuestión importante: ¿Quién paga si fracasa alguno de los proyectos en el exterior?
Las compañías justifican la búsqueda de negocio internacional en la necesidad de diversificar sus actividades, caso de Red Eléctrica de España (REE); en la obligación de aumentar ingresos para mantener 1.300 empleos y retener talento (Enagás) o en la necesidad de compensar la caída en el consumo de combustibles (CLH).
Todas ellas son buenas razones. Pero la fundamental es que tienen que ofrecer rentabilidad a sus accionistas. Enagás, en la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) controla un 5% de las acciones, tiene la mayor parte de su capital en manos de inversores de Reino Unido y de Canadá. Su plan estratégico prevé subidas anuales de dividendo del 5% hasta el año 2020.
Otro tanto sucede en el caso de REE. La compañía, volcada ahora en la compra de Hispasat, la empresa de satélites de Abertis, tiene como accionista destacado a la SEPI (20%). Pero el grueso de sus acciones está en manos de inversores institucionales extranjeros. Los fondos TCI Fund Management, The Clidren´s Investment y Fidelity International controlan cerca del 10% de la empresa. REE prevé una subida media anual del dividendo del 7% hasta 2019.
Miles de kilómetros de oleoductos
La Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), la principal empresa de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos -4.000 kilómetros de oleoductos y 40 instalaciones de almacenamiento-no tiene participación del Estado. Tampoco tiene garantizado el retorno de las inversiones que realiza en infraestructuras. Pero sí tiene una condición especial por su labor, estratégica. Por decreto, ningún accionista puede superar el 25% de las acciones. Como en el caso de Enagás y REE, sus accionistas de referencia son grandes fondos. Y su objetivo es crecer en el exterior.
Entre 2017 y 2021, la compañía tiene previsto invertir 830 millones de euros. La mayor parte, en torno a 500 millones, se destinarán a proyectos de inversión en el exterior. Espera que en 2021, el 50% de los beneficios provenga de la actividad internacional. Como en todos los casos mencionados, CLH tiene como objetivo retribuir al máximo a sus accionistas. El Plan 2017-2021 prevé un pay-out (porcentaje de beneficios que dedica al pago de dividendos) del 100%.
En Enagás, las fuentes consultadas sostienen que fue la empresa la que convenció a sus accionistas de la necesidad de emprender negocio en el exterior antes de morir de inanición tras culminar el proceso de inversiones en la red gasista entre 2000 y 2010. En 2011 apostó por proyectos internacionales que han cuajado en Perú, Chile y México.
Pero no sin sobresaltos. En 2015 se hizo con la adjudicación -junto a la polémica compañía brasileña Oderbrecht-del Gasoducto Sur Peruano. El estallido del escándalo Odebrecht ha afectado al proyecto, que "está en vías de solución", según la compañía.
Expansión y expropiación
Red Eléctrica de España (REE) también tiene presencia en Chile y en Perú. Gestiona 1.185 kilómetros de líneas eléctricas en Perú y 1.206 en Chile y ha concursado, sin éxito, en nuevas adjudicaciones. La internacionalización de REE, pese a algún golpe recibido -en 2012, Evo Morales expropió su filial en Bolivia- es el pilar del plan estratégico hasta 2019.
Para CLH, con el negocio interno a la baja, la búsqueda de oportunidades en el exterior es la única forma de contentar a accionistas que consideran la compañía un reducto más que rentable. CLH tiene presencia en Omán, Reino Unido, Irlanda (Aeropuerto de Dublín) y recientemente ha iniciado su expansión en Panamá.
Los inversores aprietan y las empresas responden. Pero ¿cómo puede repercutir en el usuario de a pié el fracaso de alguno de los proyectos internacionales? Enagás y Red Eléctrica, que reciben ingresos del Estado vía tarifa, tienen una respuesta pronta: de ninguna de las formas puesto que ambas compañías mantienen una escrupulosa separación societaria entre la compañía que recibe dinero público por el uso y mantenimiento de redes y las filiales que invierten en el exterior.
Pero los recelos están justificados. Polémicas como la quiebra de las autopistas o el almacén de gas Castor muestran cómo al final de toda polémica está el factor más tradicional y fácil: el bolsillo del consumidor.
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