A finales del pasado año, Amazon anunció su intención de abrir una nueva sede de la compañía, dado que su central en Seattle empieza a quedarse pequeña. El gigante del comercio electrónico invertirá 5.000 millones de dólares en su construcción y promete crear 50.000 nuevos empleos en la ciudad elegida para su emplazamiento, muchos de ellos de alta cualificación.
Dado lo jugoso de la inversión, la compañía recibió en cuestión de semanas 238 ofertas de ciudades, estados y regiones de América del Norte. Cada propuesta detallaba por qué ese lugar debería elegirse para ser el nuevo segundo hogar de Amazon.
A principios de este mes la compañía anunció un listado de 20 ciudades finalistas, incluidas grandes urbes como Denver, Nueva York, Los Ángeles o Chicago, y la pugna se ha recrudecido.
Algunas ciudades ven la llegada del gigante del comercio electrónico como la última salvación de sus maltrechas economías. New Jersey, una ciudad que lleva luchando décadas contra la pobreza y el desempleo ha ofrecido a la empresa de Jeff Bezos un paquete de incentivos fiscales de 7.000 millones de dólares.
Es la puja más alta, pero otros municipios y regiones han ofrecido todo tipo de infraestructuras o espacios municipales a precio de saldo. La lucha por acoger la nueva central de Amazon –a la que la compañía se refiere siempre como HQ2, su segundo headquarter– se ha convertido, de hecho, en una suerte de reality, con vídeos promocionales en los que los alcaldes venden la ciudad como si fuera a acoger las Olimpiadas, promocionando, ya de paso, los productos de Amazon.
Hasta la ciudad de Nueva York iluminó el Empire State Bulding de naranja, como muestra de apoyo a su candidatura.
The @EmpireStateBldg in @amazon orange tonight as a show of support for NYC #AmazonHQ2 bid: https://t.co/238iWWfPAf #HQ2NYC @NYCEDC pic.twitter.com/CvqNsA1AiS
— City of New York (@nycgov) 19 de octubre de 2017
¿Merece la pena rebajarse tanto?
El caso de Amazon es quizás paradigmático, pero en España no somos ajenos a este tipo de prácticas. Tras el anuncio del Brexit, la Comunidad de Madrid se apresuró a preparar un plan con medidas fiscales, financieras y de localización para atraer a las empresas que deseen abandonar Reino Unido. Y todo el mundo recuerda hasta qué punto se luchó por atraer el faraónico proyecto de Eurovegas, con facilidades para la cesión de suelo y diferentes bonificaciones fiscales e incentivos. Incluso estuvo sobre la mesa la posibilidad de reformar la ley antitabaco.
No cabe duda de que la creación de puestos de trabajo suena como el canto de las sirenas para cualquier alcalde, pero muchos economistas opinan que los incentivos fiscales son poco más que regalos a las empresas que reducen las inversiones en educación, infraestructuras y otras prioridades que, a la larga, hacen más por la economía de una región.
Así lo hizo saber públicamente el alcalde de San José (California), Sam Liccardo, en una carta abierta publicada en The Wall Street Journal en la que explicaba a sus ciudadanos porque no pensaba darle un duro a Amazon: “¿Por qué los funcionarios públicos desechan los dólares de los contribuyentes en subsidios mientras tratan de promover el desarrollo económico? Quizás porque pueden. El subsidio representa algo tangible que pueden señalar como el factor que ‘selló el trato’ para crear más empleos”.
“El trabajo más difícil de invertir dólares públicos en escuelas, infraestructura y servicios requiere años de esfuerzo, pero tiene una recompensa mucho mayor”, continuaba Liccardo. “Un ecosistema económico saludable que respalda la innovación y el crecimiento es lo que hace que una comunidad sea atractiva para una compañía como Amazon”.
Darle dinero a tu principal amenaza
La pugna por atraer la inversión de Amazon está poniendo sobre la mesa una enorme paradoja, con la que no solo tendrá que lidiar Estados Unidos.
Los gobiernos locales y regionales se están partiendo el morro por atraer a la empresa que está acabando con el negocio de miles de pequeñas tiendas, que no pueden competir con el gigante electrónico. De los 1.200 centros comerciales de EEUU se espera que la mitad cierren antes de 2023. Y solo este año se ha previsto que echen el cierre 12.000 tiendas. El “apocaplisis del retail” tiene ya incluso su propia entrada en Wikipedia.
Gina Schaefer, propietaria de una docena de ferreterías en el área de Washington, asegura en The New York Times que no le importaba pagar impuestos y que había aprendido a lidiar con los obstáculos burocráticos que conlleva el funcionamiento de una pequeña empresa en el área. Pero reconoce su frustración al ver cómo los gobiernos locales (y tres de los 20 finalistas del proyecto de Amazon están en el área de Washington) despliegan la alfombra roja a una corporación multimillonaria que es, además, su principal competidor.
“No hay incentivos para aquellos de nosotros que ya estamos aquí”, asegura Schaefer. “¿Por qué debería el hombre más rico de la historia obtener dinero para abrir su negocio?”.
Como apunta en el mismo artículo el redactor del Times, Ben Casselman, los incentivos fiscales, que sobre el papel no suelen referirse a una empresa concreta, tienden a beneficiar a las grandes corporaciones, en lugar de a las empresas locales que la investigación ha demostrado que son una fuente más importante de crecimiento del empleo. Muchos académicos aseguran, además, que estos incentivos no sirven en realidad para atraer a las grandes empresas, que solo montan todo este tinglado para ahorrase un dinero, pues su decisión final se basa en muchos otros factores.
Puede, incluso, que Amazon tenga decidido dónde montar su nueva central desde hace años –muchos analistas aseguran que se instalará en la zona de Washington–. Pero mientras, veinte ciudades continuarán bajándose los pantalones.
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