Cuando uno mira a la luna, resulta inevitable imaginar qué podremos hacer allí en el futuro los seres humanos: ¿podremos viajar con un ascensor espacial que conecte la Tierra con nuestro satélite?, ¿será un destino turístico solo para multimillonarios o terminarán floreciendo los vuelos low-cost como en los aviones? ¿Servirá para que la NASA, por fin, confíe a mujeres los viajes espaciales? Pero desde este lunes, cuando la agencia espacial estadounidense ha descubierto agua en la superficie lunar, cabe hacerse otra pregunta ante lo que representa un bien tan preciado: ¿quién podrá explotar el agua de nuestro satélite? En definitiva: ¿a quién pertenece la luna?
Existen numerosas teorías y bulos sobre la luna que circulan por internet, empezando por la llegada del hombre en 1969 (algo que incluso personalidades de todo tipo, como Iker Casillas, han cuestionado abiertamente en los últimos años). Por eso, tampoco es de extrañar que en EEUU haya un porcentaje de la población aún piense que la luna les pertenece simple y llanamente porque la primera bandera que se plantó en nuestro satélite fue la que Neil Armstrong y Buzz Aldrin clavaron precisamente en 1969 (y no, no ondeaba, sino que flotaba literalmente en un entorno de gravedad seis veces menor que la de la Tierra).
Sea como fuere, quienes piensan que un territorio (o un satélite de un planeta) puede reclamarse como propio simplemente por clavar una bandera en él, están muy equivocados. Hace un par de años, Frans Von der Dunk contaba en 'The Conversation' que cuando se presenta ante un grupo de desconocidos como profesor de Derecho del Espacio en la Universidad de Nebraska-Lincoln suelen hacerle siempre la misma pregunta: ¿a quién pertenece la Luna? La mayoría piensa lo mismo: plantar una bandera es el método legítimo. Al fin y al cabo, este había sido el 'modus operandi' de todas las grandes naciones conquistadoras hasta el siglo XX, pese a que los territorios en los que se plantaba la enseña nacional estuvieran previamente ocupados.
El cine y la cultura popular contribuyeron a extender este método como legítimo (piensen en la escena de 'Un horizonte muy lejano, en la que Tom Cruise y Nicole Kidman se embarcan en una carrera con otros colonos para plantar su bandera en el terreno más preciado para construir posteriormente su casa), pero lo cierto es que se constriñe a la época colonial, cuando la noción legal de que plantar una bandera permitía establecer soberanía rápidamente en un territorio no europeo fue aceptado en todo el mundo como parte del derecho internacional.
Pero en los años 60, en pleno proceso de descolonización, EEUU era consciente de que plantar su bandera en la Luna podía generar un enorme terremoto político. En 1969 (cuando el Ejército norteamericano sufría en sus carnes el rechazo frontal a la ocupación de Vietnam), estaba ya claro que un país no podía llegar a un territorio poblado y reclamarlo como suyo, por mucho que la nación ocupante considerara a los habitantes de la zona no civilizados; sin embargo, el tema era particularmente complejo en la Luna pues allí no hay nadie, ni siquiera hay vida.
"Cualquier sugerencia de que la Luna podría convertirse, legalmente hablando, en parte de EEUU podía alimentar las preocupaciones y, posiblemente, dar lugar a disputas internacionales dañinas tanto para el programa espacial como para los intereses de EEUU en su conjunto", explicaba Von der Dunk. Por eso, antes de que nadie llegara a la Luna, las grandes potencias espaciales de la época, EEUU y la URSS, llegaron a un acuerdo histórico, al que se unieron la mayor parte de países del mundo, y que hoy sigue siendo la base del Derecho Espacial.
El tratado sobre el espacio exterior
Por eso, en 1967, dos años antes de que la misión Apolo XI llegara a la Luna –y cuando todavía la URSS tenía posibilidades de ganar la carrera espacial– las dos grandes superpotencias llegaron a un acuerdo para evitar que no se repitiera los errores del colonialismo a la hora de decidir el estatus legal de la Luna; al menos, como apunta Von der Dunk, se quería evitar la posibilidad de una "apropiación de tierras" en el espacio exterior que diera lugar a otra guerra mundial. Con la firma del Tratado sobre el espacio ultraterrestre o Tratado sobre el espacio exterior, el 27 de enero de 1967, la Luna se convirtió en algo así como un "bien común global", legalmente accesible para todos los países, pero no reclamable por ninguno.
En la actualidad, 103 países son partes del tratado, mientras que 24 han firmado el acuerdo, pero todavía no lo han ratificado. El acuerdo prohíbe explícitamente a cualquier Gobierno la reivindicación de recursos celestes como la Luna o un planeta, ya que son patrimonio común de la humanidad, así como limita la utilización del espacio exterior a fines pacíficos, prohibiendo expresamente su uso para la realización de pruebas de armas de cualquier tipo, la realización de maniobras militares o el establecimiento de bases militares, instalaciones y fortificaciones. El tratado, no obstante, deja cierto espacio a la interpretación en cuanto al uso de los recursos de la Luna. Sin bien son patrimonio común de la humanidad ¿quién tiene derecho a explotarlos?
Como explica Von der Dunk, dado que la Humanidad no ha vuelto a pisar la Luna desde 1972, el derecho espacial no se ha desarrollado. La prohibición fundamental en virtud del Tratado sobre el espacio ultraterrestre de adquirir un nuevo territorio estatal, mediante la colocación de una bandera o por cualquier otro medio, no logró abordar la explotación comercial de los recursos naturales en la Luna y otros cuerpos celestes. Actualmente, este es un gran debate de la comunidad internacional, sin una solución inequívocamente aceptada a la vista.
Al menos dos empresas estadounidenses, Planetary Resources y Deep Space Industries, que cuentan con un importante respaldo financiero, han comenzado a apuntar a los asteroides con el objetivo de explotar sus recursos minerales. También varias empresas privadas –como SpaceX, Blue Origin o Virgin Galactic– y algunos países, como China o India, tienen planes para, tarde o temprano, llegar a la Luna e, incluso, establecer bases permanentes en ella. ¿Qué derecho tienen a explotar los recursos celestes como el agua en su propio beneficio?
Como apunta Von der Dunk, hay dos interpretaciones posibles del tratado. Países como Estados Unidos y la mayor parte de la Unión Europea consideran que la Luna y los asteroides son "bienes comunes globales", lo que significa que cada país puede permitir a sus empresas privadas, siempre y cuando tengan la debida licencia y cumplan con otras reglas relevantes del derecho espacial, salir y extraer lo que puedan, para tratar de ganar dinero con ello. Bajo esta interpretación, el espacio exterior se consideraría como el territorio de alta mar, que no está bajo el control de un país en particular, sino que está completamente abierto a operaciones de pesca respetuosas con la ley.
Por otro lado, está la interpretación del tratado que prefiere Rusia y, aunque menos explícitamente, países como Brasil o Bélgica, que insisten en que la luna y los asteroides pertenecen a la humanidad en conjunto. Bajo esta premisa, los beneficios potenciales de la explotación comercial deberían de alguna manera acumularse para beneficio de toda la humanidad, o al menos deberían estar sujetos a un régimen internacional presumiblemente riguroso para garantizar esto. Esta interpretación se parece más a al régimen original que se estableció para extraer recursos minerales de los fondos marinos profundos. En este caso, se creó un régimen de licencias internacionales y una empresa internacional que explota estos recursos y debe compartir los beneficios entre todos los países.
