Desde 2001, la normativa europea que regula la relación entre autores y usuarios en internet ampara una libertad de expresión que, en muchos casos, entra en conflicto con los derechos de autor... y los de explotación de los grandes proveedores y distribuidores de contenidos. Por eso, la semana pasada el Parlamento Europeo pretendía firmar el armisticio para esta guerra abierta en varios frentes con una actualización de la regulación de los derechos en internet que contentase a todas las partes. Sin embargo, la falta de acuerdo terminó tumbando la propuesta y devolviéndola al punto de partida.
En este contexto, una gran parte de los autores se queja de que se ha perdido un oportunidad histórica para obligar a las grandes tecnológicas a compartir más beneficios con los creadores de contenidos. Una falta de acuerdo que ha derivado en que algunos distribuidores, como es el caso de Google, Youtube y Facebook, vayan a librarse de pagar miles de millones de euros en derechos de autor, gracias al rechazo a una nueva normativa europea, tal y como explica este artículo de The Guardian.
Beneficios marginales para autores y creadores
El Parlamento Europeo llevaba más de dos años debatiendo los términos de una nueva regulación que contentase a ambos: por un lado, la normativa propuesta pretendía blindar los derechos de autor con una participación mayor de los beneficios generados por sus creaciones; por otro, asegurar el libre mercado para las grandes tecnológicas. Pero, tras el chasco de la semana pasada, parece improbable que se pueda llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Al menos, a corto plazo.
Uno de los principales problemas es que los beneficios que los autores y creadores obtienen por sus contenidos actualmente son marginales. De hecho, con la normativa actual, es el distribuidor quien fija los precios y las tasas, lo que le permite obtener grandes beneficios al margen de lo que obtenga el creador. Por ejemplo, aunque Youtube aglutina a 1.300 millones de usuarios que consumen regularmente contenidos musicales a través de la plataforma, los artistas sólo reciben una media de 57 céntimos por usuario al año.
En este sentido, discográficas, editores y artistas consideran que una nueva normativa supondría una corrección de la brecha actual entre el creador y el distribuidor, mientras que sus detractores creen que una mayor regulación transformaría una plataforma abierta y accesible (potencialmente) a todo el mundo en un instrumento para el control de la ciudadanía. Entre estos últimos se encuentran algunos personajes tan importantes como el creador de internet, Tim Berners-Lee, o el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales.
Control subrogado de contenidos y menores beneficios de explotación
En especial, uno de los aspectos que más preocupaba a las grandes tecnológicas era la obligación de responder por los contenidos publicados en sus plataformas. Ahora mismo, más allá de las políticas de control de contenidos que cada una aplica por separado, las infracciones y delitos cometidos en internet se someten a la justicia de cada país. Cabe recordar el ejemplo de la tuitera Cassandra, condenada -y después absuelta- por postear tuits sobre Carrero Blanco; si se hubiera aprobado la nueva normativa, correspondería a Twitter censurar contenidos y expulsar a usuarios, porque sino la red social sería la que tendría que responder por ello.
El gasto que supondría para las tecnológicas hacer de juez en internet les parece inasumible. Si a esto se le suma la regulación de las licencias para distribuidores como Youtube o Facebook, que supondría una negociación más justa para los creadores, resulta comprensible el rechazo de estas compañías a la nueva normativa. Sin embargo, el próximo mes de septiembre la Eurocámara volverá a debatirla con las enmiendas presentadas al texto votado la semana pasada. Y parece improbable que se postergue mucho más la nueva regulación de derechos de autor.
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