Ley de Igualdad: ¿es legal obligar a las empresas a hacer públicos sus salarios?

Desde este miércoles, todas las empresas estarán obligadas tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos, como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. También afectará este registro al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, pero con las peculiaridades establecidas en su legislación específica. Sin embargo, hay quien piensa que esta ley podría entrar en conflicto con la confidencialidad de los datos que manejan las empresas (que no son de titularidad pública). Por eso, cabe preguntarse: ¿es legal publicar los salarios de los empleados en empresas de más 50 trabajadores?

"Siempre y cuando exista una norma que así lo señale, sería legal", explica con rotundidad Luis San José Gras, socio del área Laboral de AGM Abogados. "El reglamento que se está estudiando entre el Gobierno y los agentes sociales busca garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en materia retributiva entre mujeres y hombres, buscando la transparencia retributiva para identificar las discriminaciones que pudieran existir entre un trabajo de igual valor se perciba una retribución inferior sin que dicha diferencia pueda justificarse objetivamente".

En este sentido, se trata de una norma que no entra en conflicto con la privacidad de los datos que maneja la empresa, "porque con el registro retributivo lo que se va a buscar es determinar los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo y no específicamente de una persona de la empresa", añade San José, que confía en el Real Decreto que previsiblemente se aprobará de aquí a final de año "regule tanto las normas generales en torno al registro retributivo, como las empresas que tienen la obligación de realizar auditoria retributiva, que no son más que las empresas que elaboren un plan de igualdad".

Por su parte, desde UGT recuerdan que, por ley, todas las empresas deben tener un registro salarial. Así que lo único que se les exigirá es que lo hagan público para poder demostrar que no existe ningún tipo de discriminación en función del sexo. En este sentido, la nueva norma aspira a acabar con una brecha de género que no solo supone las mujeres cobren al año un 21,9% menos (o, lo que es lo mismo, 5.784 euros menos), sino que implica una lacra económica: si la tasa de empleo de la mujer se igualase a la del hombre, aumentaría la producción y supondría la creación de 2,3 millones de puestos, según un reciente informe de ClosinGap