Gobierno colombiano conmina a rama judicial a terminar huelga de tres meses

Bogotá, 8 ene.- El Gobierno colombiano conminó a los trabajadores de la rama judicial que hoy cumplen tres meses de huelga a que retomen sus actividades a partir del próximo martes y advirtió que echará mano de todos los instrumentos legales para garantizar la normalidad en la justicia.

En una declaración conjunta efectuada en la Casa de Nariño los ministros de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez; Justicia, Yesid Reyes; Trabajo, Luis Eduardo Garzón; el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, y el fiscal general, Eduardo Montealegre, coincidieron en que "el paro carece de toda justificación".

El ministro Martínez llamó a los "sectores minoritarios" que promueven la huelga a "que en un acto de cordura entren en razón y a partir del próximo martes, día en que se reinician las actividades normales del poder judicial, se reincorporen a sus labores".

La huelga, iniciada en octubre pasado para obtener del Gobierno nivelaciones y mejoras salariales, entre otros aspectos, es secundada sólo por el 1 % de los trabajadores de la Fiscalía y por "un poco menos del 12 %" en la rama judicial, según el ministro de la Presidencia.

El Gobierno ha denunciado que los huelguistas, a pesar de ser minoría, impiden el acceso a los lugares de trabajo a los demás funcionarios que sí están dispuestos a hacer sus labores.

Martínez advirtió de que "el Estado está monolíticamente unido" para garantizarle a los ciudadanos la prestación del servicio de justicia a partir del martes venidero, cuando terminan las vacaciones del Poder Judicial.

"Para ello apelaremos, óigase bien, a todos los instrumentos que nos otorga el Estado de Derecho", añadió.

Por su parte, el ministro de Justicia reclamó el cese del paro que, según dijo, "ha sido injustificado e inútil".

Reyes señaló que la "voracidad de un grupo minoritario" de los servidores "quiere para sí los recursos para modernizar la justicia".

El ministro Reyes explicó que el año pasado se logró, por medio de una ley, conseguir un partida de 650.000 millones de pesos (unos 270 millones de dólares) anuales para "modernizar la justicia", pero los huelguistas quieren que ese dinero se destine a mejoras salariales.

El fiscal Montealegre señaló que la Constitución colombiana protege el derecho a la huelga y "la protesta social", pero advirtió que "cuando los límites se exceden" y se afecta "en forma grave el derecho de los ciudadanos" como lo es el acceso a la justicia, pueden incurrir en una actitud "constitutiva de delito".

En este sentido, Montealegre reclamó a la Fuerza Pública que tome "las medidas necesarias para garantizar a los ciudadanos el acceso a la justicia a partir del próximo martes".

La huelga fue convocada por la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal), que además de las mejoras salariales pide que no se reestructure la Fiscalía General de la Nación.

Según el presidente de Asonal, Freddy Machado, esta reforma, que implica la contratación de más de 3.000 fiscales para mejorar la atención que brinda esa entidad, creará una "megaburocracia" en la Fiscalía.

La huelga ha paralizado el funcionamiento del poder judicial y en el caso de la Fiscalía ha impedido la realización de más de 23.000 diligencias desde octubre.

Frente a las reiteradas negativas de Asonal de levantar la protesta, el Gobierno decidió en noviembre no pagar los sueldos a los jueces y fiscales que no estuvieran trabajando, pero algunos directores emitieron la orden de hacer efectivos los pagos.