CCOO y UGT exigen al Gobierno que evite la "caída" de convenios el 7 de julio

Madrid, 3 jul.- CCOO y UGT han exigido hoy al Gobierno que se plantee el límite que fija la reforma laboral -el próximo 7 de julio- para que los convenios denunciados se queden sin efecto, porque si no será "responsable" de la conflictividad y de la pérdida de competitividad que se producirá.

Este llamamiento al Gobierno lo han hecho en rueda de prensa los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, y de UGT, Toni Ferrer.

El 8 de julio el Gobierno "tiene mucho que decir y será responsable de la litigiosidad y de la perdida de competitividad", han afirmado, al tiempo que han recordado que mañana hay huelga en Euskadi y que ya ha habido en Cataluña por este asunto.

Según los datos de ambos sindicatos, a 3 de julio y a 4 días de que se cumpla el límite a la ultra actividad que fija la reforma laboral para los convenios denunciados entre el 1 de enero de 2006 y el 7 de julio de 2012, están pendientes de cerrar 1.324 convenios que afectan a 1.882.339 trabajadores.

De ellos 953 convenios son del ámbito privado (regulan las condiciones de 1.734.263 asalariados) y 371 del público (para 148.076 personas).

En el ámbito privado los convenios pendientes son estatales y engloban colectivos tan dispares como los de tratamiento de aguas, peluquería y estética, empresas de trabajo temporal, prevención, helados, tejas, elaboración de productos cocinados u oficinas de farmacia, entre otros.

Por lo que respecta a los convenios públicos están los del personal laboral de la Junta de Andalucía y de ayuntamientos de toda España, así como de Paradores y de astilleros.

Ferrer y Górriz han coincidido en que el día después, el 8 de julio, "no va a cambiar nada" y que se trata de un "punto y seguido", ya que la negociación colectiva va a continuar.

"De aquí al sábado habrá un sprint de negociación", ha afirmado Toni Ferrer.

No obstante, han emplazado a los trabajadores cuyo convenio pueda decaer a que acudan a los servicios jurídicos de ambos sindicatos, que, han reiterado, van a mantener la presión hasta que haya negociación colectiva en esas empresas.

Tal y como han recordado, CCOO y UGT firmaron el pasado 23 de mayo un acuerdo con CEOE y CEPYME que obliga a ambas partes a que donde sea posible se pacte una prorroga de la negociación a partir del 8 de julio.

Este ha sido el caso de las autoescuelas, que se han dado de plazo para seguir negociando hasta el 31 de julio, han detallado los dirigentes sindicales.

En el caso de que sea imposible la prorroga las partes se obligan a recurrir a organismos de mediación y arbitraje.

A pesar de estos dos vías, Górriz y Ferrer han acusado al sector del transporte y la patronal guipuzcoana ADEGUI de no querer negociar, por lo que les han advertido de que, si dejan que sus convenios decaigan, primero tiene que notificarlo a la autoridad laboral, a Hacienda y la Seguridad Social; y segundo serán denunciadas ante los tribunales de los social por conflicto colectivo.

Górriz y Nadal han precisado que, en el caso de los convenios que finalmente se dejen decaer, analizarán si tenían estipulado que deberán seguir en vigor hasta que haya otro.

Si no es así han indicado que la norma establece que, si el convenio vence, se pasa al contrato individual y es algo que van a exigir.

Esto supone que se ha de respetar lo pactado en el contrato con el trabajador, lo que evita que el empresario pueda aplicar lo que fija un convenio de ámbito superior o si no existiese el Estatuto de los Trabajadores, que abre la posibilidad a que el salario de referencia sea el mínimo interprofesional.

Sobre este punto Górriz ha considerado que nadie va a permitir el que se le pase de un salario de 1.300 euros al mínimo, de 645 euros.