El sindicato de funcionarios denuncia la destrucción de 192.385 empleos públicos

    • La cifra estima la pérdida de empleos públicos a partir de las bajas en áreas como Sanidad, Educación o Servicios Sociales, que también recoge información sobre el sector privado.
    • El sindicato CSI-F denuncia un ERE encubierto sobre interinos y personal laboral.

Protesta en defensa de la Sanidad Pública.
Protesta en defensa de la Sanidad Pública.
lainformacion.com

Un total de 192.385 personas se habrían dado de baja en laSeguridad Social durante el último año en los sectores de Administración Pública y Defensa, Seguridad Social, Educación, Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, los segmentos más cercanos al sector público, según ha denunciado el sindicato CSI-F.

En realidad, esta cifra no implica necesariamente que todas esas bajas se hayan producido en la administración, ya que la información sectorial proporcionada por la Seguridad Social no distingue entre empleados del sector público o privado, pero hace referencia a sectores muy vinculados al sector público.

El sindicato ha subrayado particularmente la situación en el sector sanitario y de servicios sociales, que el pasado mes de noviembre registró 93.309 bajas en relación al mes de octubre.

Se trata de la tercera caída consecutiva de afiliados en ese segmento después de las 43.301 bajas detectadas en octubre y las 22.643 de septiembre, lo que el sindicato CSI-F vincula directamente a la política de recortes impulsada desde las administraciones central y autonómica.

En los últimos doce meses, las actividades sanitarias y los servicios sociales acumulan una pérdida de 106.090 cotizantes, mientras que Administración Pública, Defensa y Seguridad Social registran 63.880 afiliados menos, y Educación presenta 22.415 bajas.

Para el presidente de CSI-F, Miguel Borra, estos datos demuestran la existencia de "un ERE encubierto sobre personal interino y laboral".

En este sentido, Borra reclamará al presidente del Congreso, Jesús Posada, su apoyo para impulsar un Pacto de Estado en el ámbito de las Administraciones Públicas, que incluya una correcta planificación de los recursos humanos en función de las necesidades del sistema.

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