Guatemala, 27 mar.- El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, aseguró que su gobierno atenderá gradualmente las demandas de los indígenas que hoy concluyeron en la capital una marcha de más de 200 kilómetros, y señaló que está consciente de que sin desarrollo rural no habrá crecimiento económico.
Pérez recibió en el Patio de la Paz, en el antiguo Palacio de Gobierno, a los dirigentes del Comité de Unidad Campesina (CUC) Daniel Pascual y Leocadio Juracan, quienes convocaron a la caminata desde la ciudad norteña de Cobán hacia la capital, y aclaró que todas las peticiones pueden ser atendidas, pero no de inmediato.
El presidente dijo a los dirigentes, ante los periodistas, que dará prioridad al acceso a la tierra y a retirar a los soldados de las regiones donde existan conflictos sociales, pero señaló que la condonación de la deuda agraria que reclaman los indígenas tiene que llevar un proceso legal.
Pérez explicó que debido a que el pliego de peticiones que le presentaron los dirigentes es "amplio" se tendrá que hacer un análisis para dar respuestas a las "justas" demandas.
"Entiendo sus reivindicaciones y el gobierno se compromete a responder a los planteamientos, porque tengo la voluntad política y la disposición de hacerlo, de responder a la realidad en el área rural", sostuvo.
El dignatario designó al comisionado presidencial de Desarrollo Rural, Adrián Zapata, como líder de la comisión gubernamental que atenderá todas las peticiones de los indígenas.
Los miles de campesinos indígenas de las etnias Q'eqchí', Xinca y Ch'orti' de regiones del norte de Guatemala exigen al gobierno soluciones concretas a la ancestral conflictividad agraria en Guatemala, la cancelación de las licencias de explotación minera y de proyectos hidroeléctricos, entre otros.
Al grito de "ganaremos esta lucha cueste lo que cueste" y con una manta que decía: "Podrán cortar las flores pero siempre volverá la primavera", la marcha, que aglutinó a campesinos indígenas de Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Jalapa, Zacapa y Chiquimula, terminó sin incidentes en la ciudad.
Pascual, que lideró la marcha desde el pasado 19 de marzo, cuando partió de la ciudad norteña de Cobán, dijo a Efe que los indígenas también piden que se les condone más de 300 millones de quetzales (38,96 millones de dólares) de una deuda agraria que tienen desde hace más de diez años y que afectan a más de 10.000 familias.
El dirigente manifestó que están conscientes de que no se puede resolver el problema agrario en dos o tres días, pero al respecto señaló: "Queremos ganarle algunas conquistas a este gobierno, como la condonación de la deuda".
Según las estadísticas oficiales, el 80 % de la tierra cultivable del país se encuentra en manos de terratenientes, calculados en un cinco por ciento de los más de catorce millones de habitantes, que se dedican a los monocultivos para la exportación como el café o la caña de azúcar.
El secretario de Asuntos Agrarios de la Presidencia, Elmer López, comentó a periodistas que en esa institución existen más de 1.200 casos de conflictividad agraria y que el Gobierno está dispuesto a atender las demandas de los pueblos indígenas.
"Estamos convencidos que los recursos que tiene Guatemala son suficientes para acabar con la pobreza y cambiar la situación en el campo y ya empezamos con el programa Hambre Cero para reducir la desnutrición en un diez por ciento", acotó.
Según López, el gobierno de Pérez tiene preparada una iniciativa para la reactivación de la política de desarrollo rural, que también es exigida por los campesinos indígenas.
La pobreza afecta a más de la mitad de la población en Guatemala, aunque en regiones del interior del país la tasa supera el 70 %, mientras que uno de cada dos niños sufre de desnutrición.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado el deterioro del respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala.
La relatora de esa comisión, Dina Shelton, quien recientemente visitó el país, dijo que los indígenas sufren principalmente la ausencia de medidas estatales dirigidas a garantizar sus derechos sobre la tierra y recursos naturales, provocada por la falta de un sistema catastral que reconozca el territorio ancestral. EFE
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