En este sentido, Villalobos ha definido este programa como "un plan cuyo objetivo es paliar la dificultad de las familias en riesgo de exclusión social después, de lo que ha supuesto la crisis". "Es un programa para dar contratos (temporales) a los miembros de estas familias para resolver su situación, aunque se trata de un plan temporal que no garantiza el empleo estable", ha explicado.
El PUM, según el presidente de la Diputación, se ha llevado a cabo desde 2009 y ha supuesto una inversión de 68 millones euros por parte de la Diputación, para incentivar unas 46.000 contrataciones eventuales entre personas desfavorecidas. Para 2017, según ha indicado el presidente, 104 ayuntamientos de la provincia de Sevilla ya han solicitado la medida desde que en marzo se abriera la convocatoria de la Diputación.
"Se pretende que sean los ayuntamientos los que empleen a los solicitantes a través de sus listas con los datos de las familias en riesgo de exclusión social", ha especificado, además de añadir que los propios trabajadores sociales "son los que conocen bien las situaciones de las familias".
La Diputación y los ayuntamientos de los municipios participan conjuntamente a través de la cofinanciación de este programa. Por parte de la institución provincial, este año se destinan cinco millones de euros para estas contrataciones temporales, mientras los ayuntamientos aportan en conjunto unos 800.000 euros. No obstante, este año los municipios con menos de 5.000 habitantes no tienen que cofinanciar estas contrataciones.
APORTACIONES MUNICIPALES
En concreto, este año los municipios que alberguen de 5.001 a 10.000 habitantes aportan un cinco por ciento de las actuaciones del PUM en la localidad. Los que tengan de 10.000 a 20.000 habitantes aportan un diez por ciento del coste de las actuaciones; un 23 por ciento los municipios que tienen de 20.000 a 50.000 habitantes y, por último, los de más de 50.000 deberán aportar el 28 por ciento de la financiación, entre los que sólo se encuentran Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra.
Para Villalobos, el objetivo del Plan de Urgencia Municipal de este año es "flexibilizar la ejecución de las contrataciones garantizando que ninguna entidad local se quede fuera".
Además, el presidente ha subrayado que desde 2009 a 2016, se han beneficiado en torno a 41.000 familias y, con el plan de 2017, la cifra ascendería a 46.000, en las que el número de contratación de las mujeres ha supuesto el 55 por ciento.
Respecto a las cláusulas sociales, Fernando Rodríguez Villalobos ha asegurado que la institución va a introducir este tipo de cláusulas y de medio ambiente en los próximos contratos con empresas.
Asimismo, el presidente ha expresado que aunque el principal motivo a la hora de realizar un contrato sea la oferta económica, está dispuesto a "romper con las actuaciones tradicionales" y a comprometerse a que estos contratos cuenten con "medidas más sociales".
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