El jefe de Estudios del BBVA desmonta la renta básica universal de Pedro Sánchez

Renta básica universal (RBU), ¿sí o no? Esa es la cuestión. En el nuevo PSOE dirigido por Pedro Sánchez sostienen que sí: que España debe caminar hacia la implantación de una renta básica universal concebida como un "impuesto negativo". Sin embargo, el economista jefe del servicio de Estudios del BBVA, Rafael Doménech, considera que nuestro país "todavía tiene muchos márgenes de mejora para aumentar el empleo, la renta y la equidad antes de plantear" la medida que defenderá el nuevo Secretario General de los socialistas en el Congreso Federal dentro de tres semanas. 

Doménech tiene claro que la renta básica traería algunas ventajas. Por ejemplo: eliminaría el riesgo de pobreza absoluta, daría una respuesta adecuada a los problemas de desempleo e incentivaría la educación. Sin embargo, para el responsable de la entidad con sede en Las Tablas los inconvenientes de una RBU serían muy superiores. 

Empezando por su coste. Para ello se fija en la propuesta de los economistas de Red Renta Básica, Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens. La Renta Básica sustituiría a las prestaciones y subsidios que equivalen a unos 92.000 millones de euros (2010). La RBU tendría un coste de 279.000 millones teniendo en cuenta que los más de 43 millones de españoles recibirían 7.471 euros por año los adultos y 1.492 euros al año por menor de edad. La diferencia entre ambos costes daría el coste neto de la Renta Básica: 187.000 millones euros al año, lo que equivale a un 17,4% del PIB.

La renta básica, por tanto, implicaría que habría que recaudar cuatro veces más como mínimo si el aumento del gasto recayera sobre el IRPF. Es decir, si se implantara cada español pasaría a tributar un tipo único casi del 49% frente al tipo medio del 18% de 2010. A cambio todos los ciudadanos obtendrían la renta básica universal, por lo que unos ganarían (lo que recibieran más de lo que pagan) y otros perderían (aquellos que contribuyeran con impuestos más elevados por encima de lo que recibieran como Renta Básica).

Para financiar una renta básica universal también habría que aumentar la presión fiscal, lo que tendría efectos inmediatos sobre el PIB. En el siguiente cuadro se muestran las consecuencias que tendría un incremento del 1% de la presión impositiva (fuente: Boscá, Doménech y Ferri (2013): 

Lo que concluye Rafael Doménech es que la RBU no es la solución a los problemas de empleo. Considera que el Estado del Bienestar español aún tiene importantes márgenes de mejora en conceptos como la igualdad de oportunidades, la calidad del empleo, la formación o los complementos salariales (en los Presupuestos de 2017 hay recogido un complemento salarial para jóvenes menores de 30 años; queda por ver en qué cifra se concreta, pero ya se ha barajado que sea de una ayuda cercana a los 300 euros). Estas medidas, añade Doménech, aumentarían la renta per cápita y la equidad.