Trabajo calcula que la economía sumergida representa entre el 16 y el 20%

Madrid.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, estimó hoy que la economía irregular supone entre el 16 y el 20 por ciento de la actividad económica en España y advirtió de que la Administración "estará muy presente delante de cualquier irregularidad".

Así lo dijo durante la presentación del balance de las actuaciones de la Inspección de Trabajo en 2009 contra la economía irregular en la que destacó que la crisis económica ha acentuado "sin duda" el incremento de las infracciones.

En este sentido, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó 224.492 actuaciones contra la economía irregular el año pasado, lo que supuso el 30% más que en 2008.

Corbacho señaló que las arcas del Estado recaudaron 960,75 millones de euros en concepto de multas impuestas como consecuencia de las 29.357 infracciones cometidas por falta de altas en la Seguridad Social, con un aumento del 12,48% respecto al año anterior.

Según los datos de este balance, el ministerio de Trabajo e Inmigración denunció en 2009 que 7.122 trabajadores no tenían permiso de trabajo, que 8.148 trabajadores estaban cobrando prestación por desempleo y 682 irregularidades vinculadas con otras prestaciones, por ejemplo personas que trabajaban pese a estar cobrando una pensión de jubilación.

El ministro puntualizó que el año pasado se incrementó el número de altas en 48.762 gracias a las infracciones detectadas, al tiempo que explicó que del 100% de las actividades de inspección el 40% se dedicaron a "buscar en sectores situaciones de irregularidad".

Según este balance, la hostelería registró 49.903 actuaciones, seguido del comercio (44.937), la construcción (43.635), los servicios (38.045), la agricultura (9.248), el transporte (5.891) y el sector del hogar (3.107).

El director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Raimundo Aragón, añadió que en la hostelería las infracciones se debieron a falta de altas o a personas contratadas a tiempo parcial y que hacían jornadas más prolongadas.

En construcción, dijo que las multas más frecuentes se impusieron a empresas con empleados que eran "falsos autónomos", y a actividades "menos visibles", como obras de reformas.

Asimismo, aludió a las infracciones cometidas en el tipo de contratos, al señalar que muchos contratos temporales deberían haber sido indefinidos, por lo que dijo que el año pasado gracias a la Inspección de Trabajo 52.000 contratos temporales "se transformaron" en fijos.

Corbacho señaló que el objetivo final del Gobierno es acabar con la economía irregular y que mientras exista, "debe haber un esfuerzo importante en esta dirección".

No obstante, aclaró que el objetivo del Ejecutivo "no es perseguir al inmigrante ilegal sino al que se aprovecha de esta situación".

Detalló que en España actualmente hay un total de 1.954 inspectores y subinspectores, 477 de los cuales se incorporaron al cuerpo desde 2004.

Recordó, que pese a la crisis económica y la contención en personal público que se ha aplicado en el conjunto de las cuentas públicas, los Presupuestos Generales del Estado mantuvieron el incremento de estas plantillas.

"La intensificación de la Inspección de Trabajo responde a la voluntad del Gobierno de minimizar la economía irregular, estrechamente vinculada a situaciones de precariedad laboral, explotación y siniestralidad laboral", apostilló.