La mitad de las comunidades suspenden en la aplicación de la ley de dependencia

Castilla y León, País Vasco y Andalucía son las comunidades que mejor aplican la Ley de Dependencia, mientras la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las que están haciendo un peor desarrollo de la norma.
Así lo refleja el último dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, presentado este jueves en Madrid por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
El informe pone sobresaliente a Castilla y León (9,2) y notable a País Vasco (7,5) y Andalucía (7,1). En cambio, suspende a la mitad de las regiones: Comunidad Valenciana encabeza el furgón de cola, con un 0,8. Le siguen Canarias (2,1) , las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (2,1), Baleares (2,5), Murcia (3,3), Madrid (3,8), Aragón (3,8) , Asturias (4,2) y Cantabria (4,2). El resto de las comunidades se sitúan en el entorno del 5, salvo La Rioja, que logra un 6,7.
La nota media que le pone el Observatorio al conjunto de las comunidades en el desarrollo de la Ley de Dependencia es un 4,72.
"DEMOLICIÓN"
Pero en la presentación del estudio, sus responsables pusieron el acento en la crítica al Gobierno central del PP, al que responsabilizan de la fase de “retroceso y demolición” en la que consideran que se encuentra la aplicación de la ley, transcurridos cinco años de su andadura, según señaló el director de la asociación, José Manuel Ramírez.
Los directores y gerentes de Servicios Sociales sustentan su queja en el dato de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy redujo el año pasado la aportación de la Administración central al total del sistema de atención a la dependencia hasta un 21,4% (1.405 millones de euros, que suponen prácticamente la mitad que el 39,2% que se destinó en 2009). Frente a ello, las comunidades aportaron el 62,6%, siete décimas más que en 2011.
Otras cifras que esgrime el Observatorio son que a finales de diciembre de 2012 había 230.203 personas en lo que se conoce como ‘limbo de la dependencia’, es decir, ciudadanos a los que se les tiene reconocido un grado y nivel que les da derecho a recibir prestaciones por dependencia, pero aún no se les ha aprobado el Programa Individual de Atención (PIA). Esas 230.000 personas suponen el 23% de las personas que tienen reconocido el derecho a ser atendidas.
La asociación también denuncia el "elevadísimo" plazo que está mediando entre el dictamen de grado y nivel de dependencia y la resolución del PIA, con un promedio en torno a los 15 meses (3 para la valoración y 12 para el acceso a un servicio).
“El Gobierno central se ha retirado de la financiación”, subrayó Ramírez, que también reprobó la actuación de comunidades como la de Castilla-La Mancha, cuya presidenta, María Dolores de Cospedal, dijo que está “desmantelando” el sistema de dependencia en una región que en poco tiempo ha pasado “del sobresaliente al aprobado”.
A Ramírez le resulta incomprensible que el Gobierno esté maltratando de forma "malsana" una ley reguladora de unos servicios que generan unos retornos económicos cercanos al 40% del gasto realizado, con una tasa de creación laboral de más de 30 empleos netos por millón invertido.