UGT y CCOO dicen que la reforma de las pensiones perjudicará la recuperación

  • Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, afirmaron hoy que la reforma de las pensiones que planea el Gobierno supondrá un recorte significativo del poder adquisitivo de pensionistas y jubilados y un "duro golpe" a las posibilidades de recuperación de la economía.

Bruselas, 17 sep.- Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, afirmaron hoy que la reforma de las pensiones que planea el Gobierno supondrá un recorte significativo del poder adquisitivo de pensionistas y jubilados y un "duro golpe" a las posibilidades de recuperación de la economía.

Méndez y Toxo se pronunciaron así al ser preguntados por los medios sobre el anteproyecto de ley que el Gobierno ha empezado a negociar con los agentes sociales, tras participar en Bruselas en una reunión del comité ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos.

Según Méndez, el Gobierno reconoce en la memoria del anteproyecto que "efectivamente de lo que se trata es de recortar las pensiones", lo que, a su juicio, supone "asestar un golpe muy duro a las posibilidades de recuperación de la economía de nuestro país".

En la actual situación económica en España, "gran parte de las posibilidades de consumo dependen de las modestas rentas de los pensionistas", añadió el secretario general de UGT.

"Esto, además de ahorro, supone pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas y jubilados, y en nuestro país esto es innegable", dijo en la misma línea Toxo.

Si esta tendencia se mantiene, las personas "más vulnerables" y con menor capacidad de negociación al no poder contar con mecanismos de negociación colectiva "se verán seriamente perjudicadas", agregó el secretario general de CCOO y actual presidente de la Confederación Europea de Sindicatos.

La reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno para introducir el factor de sostenibilidad (adecuarlas a la esperanza de vida) y desligar su revalorización del IPC llegó el pasado viernes al Consejo de Ministros en forma de anteproyecto de ley, un texto que se ha empezado a negociar con los agentes sociales.

La propuesta del Ejecutivo ahora se enviará al Consejo Económico y Social (CES), que deberá dictaminar sobre la futura normativa.

El Gobierno español, según la reseña del Consejo de Ministros, solicitó al CES que se pronuncie sobre la reforma en un plazo de "diez días".

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