EL PSOE DENUNCIA QUE UNAS 26.000 PERSONAS PUDIERON PERDER SU PENSIÓN CONTRIBUTIVA EN 2016

- Presentan una batería de preguntas en el Congreso para interpelar al Gobierno sobre su "persecución" a los pensionistas. El PSOE denuncia que unas 26.000 personas pudieron perder su pensión contributiva en 2016 como consecuencia de las inspecciones que está realizando la Seguridad Social.
Fuentes del PSOE informaron a Servimedia del registro de una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados para interpelar al Gobierno “sobre su persecución a quienes tienen una pensión no contributiva” y conocer el número de afectados desde que llegó Rajoy a la Presidencia.
Concretamente, el diputado socialista por Málaga, Miguel Ángel Heredia, y la diputada por Barcelona y portacoz en la Comisión del Pacto de Toledo, Mercè Perea, denunciaron que Rajoy “sigue persiguiendo a nuestros mayores, en este caso concreto a los que tienen una pensión no contributiva”. La pensión no contributiva íntegra es de 368,9 euros al mes, la más baja de todas.
Además, los diputados socialistas denuncian que el 7% de las inspecciones acaba en la supresión de la paga y en otro 6% de los casos se modifica su cuantía al registrarse cambios en el nivel de ingresos del beneficiario.
Así, entre la batería de preguntas presentadas, Heredia y Perea han planteado al Gobierno que aclare a cuántas personas ha retirado el Gobierno la pensión no contributiva desde 2012 hasta la fecha, desglosado por años y por comunidades autónomas y provincias, además de cuántas inspecciones ha realizado la Seguridad Social durante 2016 a personas con pensiones contributivas y no contributivas.
En esta línea, Heredia considera “indecente” que mientras el Gobierno “ha aprobado amnistías fiscales para los grandes defraudadores de este país, persiga a nuestros mayores como si fuesen delincuentes, lo hizo con los pensionistas emigrantes retornados y lo hace ahora con los que tienen una pensión no contributiva”.
Por ello también han preguntado al Gobierno cuántas inspecciones ha realizado durante 2016 a grandes empresas y a grandes capitales, para conocer si existe el mismo interés.
Otra de las preguntas registradas se refiere a cuántas inspecciones ha realizado el Gobierno durante 2016 a personas pensionistas emigrantes retornadas y a cuántas personas ha retirado o modificado su pensión como consecuencia de esta inspección.
Por último, también quieren conocer cuántas inspecciones ha instado la Administración en 2016 por actos contra la Seguridad Social o contra la Hacienda Pública a personas físicas y jurídicas, indicando el número de expedientes iniciados y expedientes resueltos, así como las sanciones impuestas.
En este sentido Heredia aseguró que “nuestros mayores hoy son un 20 % más pobres que hace cinco años”. “Les han subido el IVA y el IBI y este año les van a subir la factura de la luz 100 euros, aparte de que por primera vez en la historia de la democracia tienen que pagar por sus medicinas y les han retirado más de 400 medicamentos del Sistema Nacional de Salud” añadió el diputado.
Por su parte, Perea afirmó que “la única herencia que dejó un Gobierno socialista a Rajoy fue más de 70.000 millones en la hucha de las pensiones, los cuales este Gobierno del PP ha dilapidado” y denunció que el actual Gobierno “ha dejado sin una pensión digna a 163.000 cuidadoras familiares de la Ley de Dependencia, a las que ha quitado la Seguridad Social, y ha perseguido como si fueran delincuentes a los pensionistas emigrantes retornados mientras aprobaban amnistías fiscales para los grandes defraudadores de este país”.
Las pensiones no contributivas son aquellas que la Seguridad Social ofrece a las personas que no han cotizado nunca o lo han hecho de forma insuficiente para poder solicitar una pensión contributiva. Para recibirla es preciso acreditar que no se supera un determinado nivel de ingresos. En el caso de las pensiones de jubilación los ingresos del beneficiario no deben superar los 5.150 euros anuales.
Si el beneficiario convive con más personas en el hogar, el límite se amplía y puede llegar a un máximo de 39.900 euros por unidad familiar al año en el caso de que viva con sus hijos y sean más de tres las personas en la vivienda.