La proposición de ley presentada este jueves en el Congreso llega avalada por las 135.000 firmas recogidas por el ex alcalde de Almazán Ángel Martín, tras el caso de las hermanas Encarna y Julia Garijo Casal, que vivían juntas en la residencia de la tercera edad de Matamala de Almazán y tuvieron que separarse por cobrar la primera una pensión no contributiva de 380 euros al mes y la segunda su pensión de viudedad.
La Junta de Castilla y León les notificó que ambas vivían en el mismo domicilio y superaban los 8.900 euros anuales por lo que se iba a proceder a retirar la pensión de Encarna, motivo por el que Julia, con 93 años, tuvo que regresar a Madrid.
Por eso, el PSOE pide ahora que se modifique la ley para que no sucedan casos similares con el fin de que una residencia de ancianos no sea considerada unidad familiar.
La secretaria de Seguridad Social y Pacto de Toledo de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Magdalena Valerio, Mercé Perea, miembro del Consejo Nacional del PSC-PSOE y abogada especialista en Derecho de familia y la procuradora y vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, entre otros, se han reunido este viernes con simpatizantes y pensionistas para abordar el futuro de las pensiones.
El adnamantino y ex alcalde de la localidad Ángel Martín Vizcaíno ha recogido 135.000 firmas que serán presentadas en el Congreso para que "todos los grupos políticos las conozcan" con el fin de que se modifique la ley y no se den más casos como el de estas dos hermanas sorianas.
INTERPRETACIÓN
Martín ha recalcado que se trata de una denuncia a una interpretación de las leyes que perjudica "a las personas más vulnerables" y ha recordado la historia de estas dos hermanas que "por circunstancias de la vida" estuvieron separadas en la dictadura cuando asesinaron a su padre en 1936 y ahora lo "están en plena democracia" por "una ley mal interpretada".
El promotor de esta iniciativa confía en que "ningún partido político" vote en contra de esta propuesta ya que no es una "cuestión partidista" sino de "justicia social y solidaridad".
Magdalena Valerio ha subrayado que esta proposición de ley es una "denuncia a las políticas neoliberales del PP" que llevarán a pensiones "paupérrimas" en un futuro. Valerio ha recordado que con el Pacto de Toledo buscan que el PP "revierta la reforma tan regresiva de 2013" o explica que en un futuro "no habrá pensiones para los jóvenes".
Por su parte, Virginia Barcones ha subrayado la importancia de modificar esta ley en una comunidad como Castilla y León en la que el un 25 por ciento de la población es pensionista, con 22.000 personas en el caso de Soria.
Barcones ha insistido en que la historia de Encarna llega provocada por la "Junta" por una "interpretación restrictiva de aquellos que presumen de dieces en el bienestar social y que luego producen situaciones esperpénticas separando dos hermanas por considerar que una residencia de ancianos es una unidad familiar".
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