Empleo busca un pacto para la jubilación de los empleados a tiempo parcial

    • La UE obliga a España a modificar su normativa, al considerarla discriminatoria.
    • A los trabajadores a tiempo parcial no les basta con cotizar quince años para tener derecho a una pensión.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
B.P.V.

A los trabajadores a tiempo parcial no les basta con haber cotizado quince años para tener derecho a una pensión como marca el estándar fijado en la Ley de Seguridad Social.

La normativa española para los asalariados con jornada reducida se rige bajo el principio del cómputo de las horas efectivamente trabajadas, de modo que la cantidad de años de trabajo necesarios para causar el derecho a pensión es mayor cuanto menor es la jornada de trabajo.

La ley establece dos factores de corrección en este marco general para facilitar el acceso a pensión. Por un lado, establece la jornada teórica de cotización en cinco horas diarias o 1.826 horas anuales; y por otro fija un coeficiente multiplicador del 1,5 sobre los días teóricos de cotización a la hora de determinar el derecho a pensión de los trabajadores.

Sin embargo, para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea este marco legal no es lo suficientemente ponderado para evitar la discriminación real de los trabajadores a tiempo parcial (el 80% de los cuales son mujeres) en su acceso a la jubilación y ha sentenciado al Gobierno a modificar la ley para eliminar este desequilibrio y ajustar la legislación española a la normativa comunitaria.

La pelota queda en el tejado del Gobierno, que tiene ahora la difícil papeleta de suavizar la normativa que regula la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial en un contexto de ajustes del gasto en todos los ámbitos, también en el gasto en pensiones.

De momento, el Ministerio de Empleo ha reaccionado anunciando la convocatoria urgente de los agentes sociales, sindicatos y empresarios, para analizar la sentencia y tratar de consensuar una salida legal para un problema que afecta a cientos de miles de españoles.

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