Desde las prestaciones a los afectados por el aceite de colza hasta las ayudas a tripulantes y armadores de los caladeros de Marruecos y Mauritania, desde los servicios sociales del IMSERSO hasta las cotizaciones de los cuidadores no profesionales del sistema de dependencia.
En los últimos años, las cotizaciones sociales de los trabajadores, los recursos que supuestamente deberían ir única y exclusivamente a pagar las pensiones de los españoles, se han utilizado para financiar hasta una veintena de contingencias sociales impropias que, también supuestamente, deberían haber sido pagadas con impuestos.
Según ha denunciado el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, esta desviación de recursos habría privado al sistema público de pensiones de 15.000 millones de euros.
Burgos puso como ejemplo lo sucedido en 2008 y 2009 durante los gobiernos de Zapatero, dos años en los que la Seguridad Social obtuvo un significativo superávit (1,31% y 0,8% del PIB, respectivamente) pero en los que, sin embargo, no se realizó dotación alguna a la hucha de las pensiones.
Fueron años, denunció el cargo gubernamental, en que la Seguridad Social se conviritió en el cajero automático del Gobiernoy financió todo tipo de prestaciones cuya financiación le debería haber correspondido al Estado.
No es nada nuevo. Desde que el Pacto de Toledo recomendara separar las fuentes de financiación del sistema de pensiones en 1996 este proceso no ha terminado de completarse, permitiendo este tipo de transferencias.
La novedad es que un informe elaborado por la Tesorería General de la Seguridad Social, al que ha tenido acceso lainformacion.com, ha identificado por primera vez una por una las prestaciones financiadas de forma impropia por la Seguridad Social durante el ejercicio de 2011.
La relación es sorprendente. En ese ejercicio, las cotizaciones de los trabajadores financiaron aistencia sanitaria prestada por el INSALUD, prestaciones no contributivas por invalidez y jubilación, prestaciones de protección familiar, subvenciones pendientes de años anteriores, ayudas a la jubilación anticipada en sectores en reconversión, exenciones de cuotas a los autónomos, bonificaciones previstas en el Régimen Fiscal Especial de Canarias y otras prestaciones de tipo asistencial.
Con los recursos gastados en esas políticas en las arcas de la Seguridad Social, dijo ayer Burgos en la Comisión de Presupuestos del Congreso, posiblemente el Gobierno no se habría visto obligado ahora a recurrir al Fondo de Reserva para financiar las pensiones contributivas.
La buena noticia es que es probable que esta situación no se vuelva a repetir. Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 prevén la separación definitiva de las fuentes de financiación del sistema de Seguridad Social.
Esto significa que a partir del año que viene las cotizaciones sociales de los trabajadores financiarán única y exclusivamente las pensiones contributivas del sistema, aquellas que se han generado durante los años de trabajo y que se perciben en función de lo cotizado.
El resto de prestaciones, las denominadas como asistenciales, aquellas que el Estado abona a las personas en especial riesgo de exclusión social con independencia de que hayan cotizado o no, se pagarán sólo con impuestos.
De este modo se completará por fin la separación de fuentes de financiación del sistema público de pensiones, una exigencia planteada por el Pacto de Toledo en 1996.
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