Martes, 28.01.2020 - 17:46 h

SITCPLA CALIFICA DE “GRAVEDAD EXTREMA” LA INJERENCIA DE UGT Y CCOO EN EL ERE DE LOS TCP DE IBERIA

El Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas (Sitcpla) tildó este jueves de “gravedad extrema” la injerencia de sindicatos como UGT o CCOO en la firma del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) de Iberia.
Sitcpla explicó en un comunicado que UGT y CCOO, que solo cuentan con el 14% de representación cada uno en el Comité de Empresa de Vuelo, han sumado sus delegados de tierra a los de USO y Sepla “para formar una mayoría ajena a la representación de los TCP elegida en las urnas, y endosarnos un ERE, nos guste o no”.
En este sentido, aclaró que los dos miembros del colectivo de TCP presentes en la mesa “gracias a la magnanimidad de las centrales sindicales, que no se cansan de repetirnos que estaban allí de favor”, no han firmado el acuerdo.
El sindicato de TCP lamentó que esta situación “se veía venir” en una mesa negociadora de 13 miembros, de los cuales siete pertenecían a UGT y CCOO. “El guion estaba ya estaba escrito y ahora se entiende perfectamente por qué se negaron a dotar la mesa de reglas democráticas, como un voto ponderado”, remarcó.
Además, también denunció que se negaron a dotar a la mesa de una cláusula de salvaguarda, “garantizando la no injerencia de unos colectivos en los intereses de otros”.
Sitcpla calificó de “gravedad extrema” la injerencia de sindicatos “fundamentalmente de tierra”, como son UGT y CCOO, “cuyas secciones de vuelo dependen jerárquicamente de tierra”. Esta crítica “la extendemos a los otros sindicatos que nos han firmado el ERE a los TCP, sin tener representación en nuestro colectivo, como USO y Sepla”.
Para tratar estas injerencias, Sitcpla interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional, impugnando el acuerdo de constitución de la mesa negociadora de este “ERE exprés, que se ha ventilado en apenas cinco reuniones entre agosto y septiembre”.
A pesar de que Sitcpla denunciaba una posible vulneración de los posibles derechos fundamentales, en concreto la libertad sindical, y solicitaba medidas cautelares, la Audiencia Nacional ha fijado el 22 de noviembre como fecha para el juicio.

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