A través de un comunicado, la actual directiva del SOMA señala que desde el 7 de octubre de 2014, cuando conocieron que Fernández Villa y Postigo habían regularizado 1,4 millones y 360.000 euros respectivamente acogiéndose a la amnistía fiscal, la organización ya inició un proceso para esclarecer los hechos ocurridos.
Así, han explicado que tanto el SOMA-Fitag-UGT, se pusieron a disposición de la Fiscalía anticorrupción y facilitaron toda la documentación, además de expulsar de manera inmediata del sindicato tanto a Fernández Villa como a Postigo, nada más conocer la regularización de las cantidades.
"Esperamos que la justicia haga su trabajo y desde el respeto a la presunción de inocencia, si finalmente se confirma algún tipo de delito, seremos los primeros en reclamar justicia y que quien la haga, que la pague", han señalado.
Por otro lado, han recordado que desde el sindicato se puso en marcha una auditoría externa que desembocó en un presunto menoscabo del patrimonio del SOMA y del Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide). Por este asunto, el sindicato ha interpuestos una querella criminal contra Fernández Villa y contra el que fuera secretario de Infide, Pedro Castillejo, que está pendiente de resolución judicial.
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