Según han explicado en rueda de prensa el secretario general de FeSP-UGT-A, Antonio Tirado; el secretario general de la FSC de CCOO-A, y el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, las movilizaciones se llevarían a cabo una vez agotada una primera fase de reuniones y diálogo con dirigentes del partido que sustenta el Ejecutivo central (PP), quien ha presentado el recurso, entre ellos, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el presidente del PP-A, Juanma Moreno, con quien se reunirán el próximo martes.
No obstante, han advertido de que "si el Gobierno central no rectifica, llamaremos a movilizaciones a los empleados públicos en Andalucía" en el mes de septiembre. "De no rectificar el Gobierno, durante el mes de agosto los sindicatos hablaremos y prepararemos la movilizaciones para que sean nada más llegar a septiembre", han subrayado.
Asimismo, los tres sindicalistas han criticado que el recurso se base en "motivos políticos", algo que han considerado "indignante" porque "lo político tiene que debatirse en el Parlamento, pero que no afecte a los ciudadanos", han reclamado.
CREACIÓN DE EMPLEO
Por su parte, UGT-A ha recordado los tres objetivos de esta medida de 35 horas laborales para empleados públicos y que ahora sufrirían "las consecuencias": la creación de empleo, la mejora de la prestación del servicio público y la conciliación de la vida familiar y laboral.
Tirado también ha llamado la atención sobre la negociación de la subida salarial de empleados públicos para 2018. "Los empleados públicos no están dispuestos a perder ni un céntimo de poder adquisitivo en los próximos años porque ya ha llegado el momento de recuperar lo perdido", ha reprochado.
Por su parte, el secretario general de la FSC de CCOO-A ha criticado "la falta de documentación y de comunicación previa" sobre la decisión del Gobierno de recurrir esta normativa andaluza y ha puesto en valor "la unidad sindical" ante esta decisión. "La suspensión cautelar se solicita para detener el daño que una medida puede llevar a cabo, pero, en este caso es al revés, el daño se haría si no se lleva a cabo la medida", ha explicado.
"No es ninguna tontería, es el futuro de muchas personas y un sinsentido cuando desde el Gobierno dicen que en tres meses se llevaría a la práctica en toda España", ha explicado De la Cruz, quien ha detallado que la consecuencia inmediata de la suspensión sería "deteriorar más" los servicios públicos.
Por su parte, el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, ha considerado este recurso como "un ataque" a los empleados públicos andaluces y ha lamentado "la falta de sensibilidad" del Gobierno hacia Andalucía y hacia los empleados públicos.
"La devolución de las 35 horas fue justa y exigimos que no se pida la suspensión cautelar por el daño que puede acarrear al servicio, a los trabajadores y a sus familias", ha indicado, toda vez que ha recordado con esta medida se generaría entre 7.000 y 10.000 puestos de trabajo.
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