UGT exige al Gobierno que someta a diálogo social cualquier iniciativa para mejorar la Garantía Juvenil

Tras la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto con medidas para impulsar el Plan de Garantía Joven, el sindicato ha apuntado en un comunicado que esta medida "no especifica ni delimita las obligaciones y funciones de los interlocutores sociales como agentes que puedan lanzar campañas para dar a conocer la Garantía Juvenil".

Asimismo, cree que tampoco muestra que los agentes sociales estén involucrados en la inscripción de los jóvenes en el fichero del plan y que participan en la atención y desarrollo de acciones posteriores al registro "en materia de empleo y formación".

UGT ha recordado que no existen datos de las actuaciones que se están realizando en España con la Garantía Juvenil ni sobre qué hacen los jóvenes inscritos en el fichero, por lo que considera que se desconoce el origen de las medidas planteadas en el borrador y que "no se entiende sobre qué soporte se establecen estas nuevas medidas si no existe información sobre las actuaciones realizadas".

El sindicato cree que es "necesario" reforzar las políticas activas de empleo, "también en el caso de los jóvenes", aumentando a corto plazo los recursos y reorientando los existentes eliminando la mayoría de las bonificaciones y reducciones a la contratación y de otros programas "carentes de eficacia".

Para UGT, estos fondos podrían dedicarse a mejorar la empleabilidad a través de la orientación y la formación para obtener un empleo de calidad.

Por otro lado, el sindicato ha afirmado que la presión sindical ha logrado frenar medidas que el Gobierno pretendía aprobar en materia de Garantía Juvenil y ha logrado incluir otras para hacer más extensivo el programa. No obstante, cree que "quedan muchas lagunas" por resolver sobre la inscripción, la información obtenida y su depósito en un sistema informático.

Sin embargo, UGT ha valorado la retirada del real decreto de la puesta en marcha de un programa de formación destinado a la obtención de certificados de profesionalidad, porque considera que es una iniciativa que favorece "claramente" a los que ya están formados e "incrementa la desigualdad al dar más oportunidades de acceder a una formación de calidad".

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