México, 24 sep.- La fiscalía mexicana informó que impugnará la sentencia de un juez que concedió hoy un amparo a la exdirigente sindical Elba Esther Gordillo, detenida en febrero pasado, y calificó de "endebles y sin consistencia jurídica" los argumentos del juzgador.
El juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo en el Distrito Federal, Francisco Sarabia, otorgó el amparo a favor de Gordillo al considerar que en los argumentos de la fiscalía hay "imprecisiones" y que faltan detalles importantes relacionados con "las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del ilícito".
Al respecto,la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) dijo en un comunicado que "advierte con preocupación el criterio sostenido en este caso por el juez de amparo, que utilizando argumentos endebles y sin consistencia jurídica, ponderó equivocadamente irrelevancias formales por encima de las pruebas y hechos acreditados en el ejercicio de la acción penal".
Asimismo, criticó el boletín emitido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que informó sobre el fallo del juez, considerando que "la razón de existir de dicho órgano es, entre otras cosas, la de revisar la debida actuación de los jueces federales y no pretender justificarla".
"Al justificar a un juez desacredita a otro, quien habiendo analizado a fondo las constancias del juicio emitió una resolución en sentido contrario a la que el Consejo sí publicita", expuso la PGR en relación con una resolución previa de otro juzgador que avaló la acción penal contra Gordillo.
El 26 de febrero pasado fue detenida Gordillo, entonces dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por orden de un juez y a petición de la PGR.
Gordillo, quien encabezó ese sindicato durante más de dos décadas, fue acusada de delincuencia organizada y de operaciones financieras irregulares para cubrir sus gastos personales con los aportes sindicales de los maestros.
En su boletín de hoy, el CJF sostiene que la Procuraduría no cumplió con el requisito de "procedibilidad" para ejercer la acción penal.
Para proceder legalmente contra Gordillo y otros dos detenidos por el caso, José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez, "se requería necesariamente de la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, por ende, se vulneró el derecho humano del debido proceso", precisó.
Sobre este punto, la PGR señaló haber informado oportunamente que la averiguación previa contra Gordillo Morales y los otros acusados "fue consecuencia directa de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que cumplía cabalmente con todos los requisitos legales necesarios".
Esta cuestión, subrayó, "en su momento fue valorada y plenamente reconocida por el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal".
Finalmente, subrayó que la resolución de amparo que será impugnada por la PGR "dentro del término de ley no ordena la libertad de los procesados ni se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia de los mismos".
La detención de Gordillo se produjo un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgara una reforma educativa que enfrentaba el rechazo del SNTE, uno de los sindicatos más grandes de América Latina con más de un millón de maestros afiliados.
La reforma restaura la rectoría del Estado en materia educativa y merma el control que sobre el sector mantiene la agrupación sindical, que asigna las plazas docentes en función de criterios discrecionales y no por méritos profesionales.
Gordillo se encuentra recluida en la cárcel de mujeres de Tepepan, en el sur de Ciudad de México.
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