Martes, 24.10.2017 - 13:53 h

España S.A.: los políticos españoles vuelven a defraudar a sus ‘accionistas’

Si nuestro país se administrase como una empresa, sin duda, rodarían cabezas en la cúpula.

Han sido incapaces de entenderse, de demostrar altura de miras, sentido de Estado, generosidad, preocupación por sus administrados.

España S.A.: los políticos españoles vuelven a defraudar a sus ‘accionistas’

Hace sólo cuatro años España estuvo al borde la intervención, casi quebrada, como cuando una empresa entra en suspensión de pagos porque sus ingresos no soportan su compromiso de gastos. Como una economía familiar. Cuando la liquidez disminuye en un hogar el ciudadano de a pie sabe bien lo que hay que hacer: o se hacen horas extras (cada vez más en desuso), o se busca algún tipo de pluriempleo o se pide a los hijos si son mayores que contribuyan a la familia con algún trabajillo temporal o a tiempo parcial… o se echa mano de la pensión del abuelo.

Las empresas también lo saben bien. Si no son capaces de generar lo suficiente como para sostener su situación sólo quedan dos caminos: hacer un sobresfuerzo comercial o diversificar negocios, por ejemplo, para aumentar las ventas; o reducir por la parte de los costes de funcionamiento recortando en formación interna, en personal, en salarios…

Los políticos españoles, sin embargo parecen no conocerlo. Especialmente el anterior Ejecutivo liderado por Zapatero, pero no sólo. Porque también se endeudaron sin tener en cuenta el cambio de ciclo económico autonomías de todos los colores políticos y un sinfín de ayuntamientos, que siguieron viviendo con los gastos de la época de vino y rosas sin recudir sus gastos hasta que la desaparición del crédito asfixiaba ya sus cuentas sin piedad.

Entonces, en el año 2011, con la prima de riesgo por encima de los 600 puntos en no pocas ocasiones, se hablaba de una posible intervención de la Unión Europea para poner orden a unas cuentas nacionales que los dirigentes políticos de distintos signos no habían sabido controlar.

Entonces, en petit comité, no pocos directivos de empresas patrias veían con buenos ojos la irrupción de tecnócratas europeos en nuestra administración de la cosa pública.

Aunque a ninguno se lo escuché afirmar a micrófono abierto, no pocos de ellos en conversaciones de café o en la parte en off the record de toda entrevista periodística, explicaban que estaban deseosos de que un danés, noruego o austríaco cuadrara de una vez las cuentas que los políticos patrios se veían incapaces de reconducir. No se conformaban con un cambio de color político en el Gobierno Central, anhelaban que por fin desde el Norte y el Centro europeo de dirigiese con seriedad y profesionalidad la economía del Estado.

Pero aquello no sucedió, no sé si por suerte o por desgracia. Porque aquel deseo de una parte de la clase dirigente empresarial hubiera tenido sin duda también una cara B que hubiese pagado en gran medida la población menos acomodada. Bajadas importantes de las pensiones, mayores recortes que los vividos en educación y sanidad pública, tijeretazos a las prestaciones por desempleo, etcétera, etcétera, etcétera.

En todo caso, más allá de la Historia ficción, lo cierto es que aquella situación se dejó atrás, que los políticos españoles, aunque fuese por obligación, comenzaron a hacer de forma más razonable los deberes de la administración sostenible de los recursos públicos.

Pero la crisis ha dejado una huella profunda en nuestro país, y no sólo en lo económico. También, sin duda, en el clima social, que los dirigentes políticos tampoco supieron calibrar y que ha tenido como consecuencia la tremenda fragmentación del mapa parlamentario tras las últimas elecciones generales, con la irrupción de nuevas fuerzas teóricamente regeneradoras (está por ver aún) que han logrado resultados históricos en su debut.

Así las cosas, los políticos españoles tenían un mandato de la ciudadanía, cansada de las formas de gobernar de siempre. Viejos y nuevos partidos tenían la obligación de entenderse y ser capaces de formar un nuevo Ejecutivo multicolor (al menos bicolor). Pero tampoco han sido capaces.

De nuevo, al hablar con diversos directivos de empresas grandes y pequeñas, esas que son las que crean empleo y pagan impuestos que sostienen el Estado del Bienestar, más allá de sus afinidades políticas, una sensación queda clara en muchos de ellos: dadas las circunstancias, les valía cualquier gobierno en el que no estuviera una fuerza anticapitalista como Podemos.

Pero, como en 2011, de momento tampoco verán cumplido su deseo. Nuestro partidos, aquellos no tan temidos por una parte importante del empresariado (PP, PSOE y Ciudadanos), ni tampoco Podemos, han sido incapaces de entenderse, de demostrar altura de miras, sentido de Estado, generosidad, preocupación por sus administrados. Todas aquellas frases que tanto pronuncian y tan poquito cumplen.

No han sido capaces de responder al reto que, por primera vez en la Historia de nuestra inmadura democracia, les pusieron sus accionistas, que no son otros que todos y cada uno de los votantes. Porque los gobernantes no son más que eso. Los consejeros delegados a los que los ciudadanos prestan la capacidad de decidir por ellos, pero para que velen por los intereses de todos claro está. Y no por los de sus partidos, ni los de sus dirigentes.

Siguiendo con el símil, si de una empresa se tratase, los líderes políticos tendrían muy complicado conseguir renovar sus cargos y volver a verse las caras el próximo 26-J, para tener que volver a negociar en una especie de segunda oportunidad.

Los consejeros en los que hemos delegado nuestra capacidad ejecutiva no nos han dado los dividendos esperados y además han paralizado en cierta forma nuestra actividad (gracias, al menos, que aunque también tuviera un cierto tinte electoral, Rajoy dejó aprobados Presupuestos Generales del Estado para todo el año 2016). Y, por si fuera poco, no han contribuido precisamente a aumentar la confianza de los inversores extranjeros en nuestro país ni a mejorar la imagen de la marca España más allá de nuestras fronteras.

Si nuestro país se administrase como una empresa, sin duda, rodarían cabezas en la cúpula. Y si nuestro país se pareciera un poco más a algunos de los vecinos de nuestro entorno, buena parte de los líderes del 20-D deberían asumir su incapacidad para conseguir los resultados marcados y no podrían continuar en sus cargos.

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