Montevideo, 18 sep.- Argentina se niega a divulgar los resultados de los informes ambientales realizados en la planta papelera de UPM (ex Botnia) y en su zona aledaña, pese a las peticiones de su contraparte uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), informa hoy la prensa uruguaya.
Según dijo el presidente de la delegación uruguaya en la CARU, Gastón Silbermann, al diario El País, los argentinos "no aceptan" la petición de su país de dar a conocer los resultados de las muestras tomadas en UPM y en el río Gualeguachú, afluente del Uruguay en la provincia argentina de Entre Ríos, disponibles desde el mes de agosto.
Silbermann no informó sobre los motivos por los que la delegación argentina en la comisión bilateral no quiere difundir los resultados.
En ese sentido, ante la falta de acuerdo en la CARU, la decisión de publicar los análisis, realizados por un laboratorio canadiense, deberá ser resuelta ahora por los cancilleres de ambos países, el argentino Héctor Timerman y el uruguayo Luis Almagro.
Hasta el momento existen dos informes sobre las muestras tomadas por técnicos de ambos países el pasado julio en la zona de la papelera.
Por su parte, el presidente de la delegación argentina en la CARU, Hernán Orduna, se limitó a declarar a El País que "cuando haya algo oficial para informar, se informará. Todo lo demás no, porque lo único que hace es menoscabar el trabajo del comité técnico".
El pasado 20 de agosto una filtración al diario El País del primer análisis bilateral de la planta de celulosa apuntó que sus vertidos a las aguas del río Uruguay se mantienen dentro de lo permitido, mientras que los que proceden de Argentina presentan parámetros contaminantes.
Esta filtración señalaba que los análisis realizados en Canadá para determinar el nivel de contaminación de la polémica planta apuntaron a que la empresa no contamina las aguas del río fronterizo, mientras que su afluente el río Gualeguaychú, adonde van a parar los residuos del Parque Industrial de la ciudad argentina homónima, superan "levemente" los límites legales.
La instalación de la planta papelera de UPM, entonces propiedad de la empresa finlandesa Botnia, en el río fronterizo entre ambos países, desató la mayor crisis en décadas entre Uruguay y Argentina.
En protesta por su puesta en funcionamiento, grupos de ecologistas de la ciudad de Gualeguaychú iniciaron un bloqueo del principal paso fronterizo entre los dos países que se prolongó durante más de tres años, mientras que Argentina presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El tribunal internacional emitió un veredicto en 2010 en el que señalaba que si bien Uruguay había incumplido parte de los acuerdos con Argentina al no consultar la instalación de la planta, que supuso la mayor inversión en la historia del país con 1.800 millones de dólares, no se podía pedir su desmantelamiento porque no estaba probado que contaminara.
Poco después ambos gobiernos acordaron desarrollar un plan para controlar la situación ambiental en la región y dentro de la planta de celulosa, que incluía la visita de técnicos y científicos de ambos países para tomar muestras.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios