El portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción y coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear, Francisco Castejón, ha recordado que España ha firmado los convenios de Espoo y de Aarhus así como el Protocolo de Kiev, según los cuales se debe tener en cuenta el "posible impacto transfronterizo" de cualquier instalación o infraestructuras y, en particular de almacenamientos nucleares que se construyan en Europa.
Por ello, advierte de que si el recurso de alzada no fuera atendido por el Ministerio, las organizaciones ecologistas recurrirían a los tribunales ordinarios y presentarían un recurso contencioso administrativo.
Estos tratados instan a informar a los países terceros afectados y a tener en cuenta las alegaciones cuando se solicite. Además, ha añadido que varias directivas de la Unión Europea "insisten en lo mismo", que es preciso tener en cuenta el posible impacto transfronterizo de las instalaciones e informar a los países vecinos cuando sean afectados o, simplemente, cuando lo soliciten. En todos los convenios se hace mención explícita a la construcción de un almacén de combustible gastado.
En este contexto, recuerda que Portugal se ha dirigido "al menos dos veces" al Gobierno de España para interesarse y pedir información sobre el ATI de Almaraz, los días 29 de septiembre y el 19 de octubre de 2016.
Sin embargo, lamenta que a pesar de que el Ejecutivo luso cumplió de sobra con el trámite de mostrarse como parte interesada, España no remitió la información preceptiva a Portugal ni se dirigió a él para que presentara alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental e hiciera público el procedimiento para facilitar que la ciudadanía portuguesa también pudiera presentar alegaciones.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se publica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, del día 24 de noviembre de 2016, así lo muestra, puesto que no se hace referencia alguna a las hipotéticas respuestas y contactos con el ejecutivo portugués, mientras sí se detallan las respuestas que se enviaron a todas las organizaciones e instituciones que presentaron alegaciones.
Las ONG denuncian que el ATI supone "una serie de afecciones ambientales" que violan varios artículos de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por eso, el Movimiento Ibérico Antinunclear (MIA) ha presentado recurso de alzada ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital contra la autorización final y contra la DIA positiva, aduciendo que el procedimiento está viciado de origen y solicitando que se paralice el proceso.
"Ignorar a las autoridades portuguesas que, a su vez, habrían extendido la documentación a la ciudadanía y a las organizaciones portuguesas interesadas para que pudieran alegar, es un hecho lo suficiente grave como para invalidar el proceso. Asimismo, muestra el talante prepotente de los propietarios de Almaraz, que ya dan por segura la continuidad de la central", concluye.
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