"En caso de que la evaluación legal ponga de manifiesto un incumplimiento o una aplicación incorrecta del Derecho de la Unión, la Comisión recuerda que, en su función de garante de los Tratados, podrá adoptar las medidas necesarias, en su caso mediante procedimientos de infracción", ha explicado el comisario en respuesta a una pregunta parlamentaria de la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López Bermejo.
La eurodiputada instó al Ejecutivo comunitario a aclarar si ve avances en "la recuperación del buen estado ecológico de las aguas y el funcionamiento hidrogeológico del acuífero 27 de Doñana y todas las masas de agua subterráneas" con problemas análogos como reclamó el Parlamento andaluz a través de una moción en 2015.
El comisario ha recordado que corresponde a las autoridades españolas "determinar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales fijados en la Directiva Marco sobre Agua" y que "la Comisión está evaluando" la información que ha remitido recientemente España "sobre la actualización del plan hidrológico de la cuenca del Guadalquivir", exigida por la normativa.
"La Comisión está evaluando dicha información y publicará sus conclusiones en un informe sobre la aplicación de la Directiva Marco sobre Agua a más tardar en 2018", ha precisado.
El comisario también ha aclarado que "las autoridades españolas no han informado a la Comisión de la cancelación del proyecto" de dragado del Guadalquivir después de que la eurodiputada le haya preguntado si las autoridades españolas le han confirmado su cancelación "definitiva" teniendo en cuenta de que su grave impacto es uno de los motivos por los que la UNESCO ha considerado que el Parque de Doñana podría catalogarse como "Patrimonio de la Humanidad en Peligro" en un informe de mayo de 2017, así como por la explotación de los acuíferos, los proyectos gasísticos en el entorno y la reapertura de la mina de Aznalcóllar.
En el caso de la reapertura de la mina, el comisario ha recordado que "las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que se hayan cumplido todos los requisitos de la legislación sobre medio ambiente de la UE antes de autorizar el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar" y ha aclarado que "hasta la fecha no se han presentado a la Comisión pruebas de lo contrario".
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