Así lo expresa Fernández en un documento al que ha tenido acceso Europa Press, en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME)que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas, después de que Greenpace haya interpuesto una queja formal con el objetivo de "parar esta barbaridad", según ha declarado la ONG.
Tras la queja, Fernández inició una actuación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en relación con la "insuficiencia" de la evaluación ambiental practicada de los cuatro proyectos que integran el gaseoducto en Doñana, y que se realizaron de manera independiente para cada uno ellos, y "no conjunta como exige la legislación", según apunta en el documento.
Así, el escrito señala que "no se puede fraccionar el objeto de un proyecto de manera que se altere el resultado de la evaluación".
En este sentido, en su respuesta ante la petición de información del Defensor del Pueblo, la Administración señaló que los cuatro proyectos "se diseñaron para ser independientes en su funcionamiento" y, por ello, las evaluaciones están por separado, según detalle el escrito. Sin embargo, a juicio del Defensor del Pueblo, la Administración "no aclaró" qué se considera como "independientes en su funcionamiento" y "parece obvio que los proyectos forman parte de un proyecto global como es la infraestructura gasística".
Además, sobre la respuesta oficial, Fernández señala que la institución "esperaba" que la Secretaría de Estado hiciera una "valoración efectuada por los órganos competentes del departamento y no un resumen de los comentarios del promotor del proyecto sobre la evaluación del riesgo sísmico".
"INCOHERENCIA" Y EVALUACIÓN AMBIENTAL "INCOMPLETA"
Por otro lado, el Defensor del Pueblo también señala en el documento la "incoherencia" que supone que, por un lado, la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental elaborase una DIA "sin tener todos los datos necesarios" e "impusiera al promotor que realizase nuevos estudios", y que, sin embargo, después se otorgara autorización "sin un pronunciamiento previo" del órgano competente para "validar la corrección de dichos estudios". "Todo parece indicar que la DIA fue incompleta", señala Fernández.
Por otra parte, el escrito explica que el defensor del pueblo andaluz, que también sigue actuaciones en relación con las afecciones a Doñana en colaboración con su homólogo nacional, aporta un informe del Delegado Institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científica en Andalucía y Extremadura que señala que "no se han evaluado en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero" y pide que se tenga en cuenta.
Por todo ello, Fernández ha pedido al IGME un informe concluyente sobre sus conclusiones alcanzadas en la evaluación ambiental practicada de los cuatro proyectos en relación con el riesgo sísmico, y especialmente en lo relativo a la posibilidad de almacenamiento subterráneo de gas y su impacto sobre el acuífero.
También ha solicitado al IGME una copia de los informes emitidos en el procedimiento de la DIA de los cuatro proyectos de gas en Doñana; y una copia del informe emitido después de que se diera luz verde a uno de los cuatro proyectos, que es el único que, de momento, cuanta con autorización.
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