Pilar González
Madrid, 21 sep.- La última ley medioambiental impulsada por el ex ministro Miguel Arias Cañete, la de Parques Nacionales, enfila el martes su recta final en el Parlamento.
Según lo previsto, el texto tiene que ser aprobado el día 23 en el Congreso -dada la mayoría del PP- para ser remitido al Senado.
La norma llega a la Comisión de Medio Ambiente -con competencia legislativa plena- enmendada por el propio Grupo Popular para eliminar las "conjeturas" y "dudas interesadas" que se habían vertido para hacer creer que la norma abría la posibilidad de edificar en el interior de estos espacios protegidos.
La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular, Teresa Lara, ha explicado a Efeverde que la iniciativa "no enmienda al Gobierno" sino que persigue aclarar que el proyecto en ningún momento abra la puerta a la urbanización de los parques.
Esta enmienda, ha dicho, viene a apuntalar el reconocimiento de la existencia de núcleos urbanos en los Parques Nacionales de Picos de Europa y de Monfragüe, que ya estaban contemplados en las respectivas leyes declarativas de ambos espacios.
El PP, que ha incluido nueve enmiendas suyas, ha aceptado de momento 11 de las más de 180 que los grupos han presentado a este texto, que pasó su primer examen parlamentario en el mes de mayo sin apenas apoyo de la oposición.
La mayoría coincidió en señalar la "dudosa" inconstitucionalidad y la "invasión" de competencias de la futura ley.
La oposición insistió además en que la ley dejaba una "puerta abierta" a la caza, la urbanización y las actividades comerciales.
Argumentos todos ellos que Teresa Lara (PP), consideró entonces sólo se podían hacer desde la "profunda ignorancia, la mala fe o la demagogia", y que calificó de afirmaciones "estereotipadas" que sólo buscaban titulares de la prensa.
El proyecto ha sido criticado por las principales ONG porque, entre otros, permitirá la navegación turística en Monfragüe y el vuelo sin motor en Guadarrama.
Según el Ejecutivo, la norma pretende establecer un modelo de "gestión coordinada" y para ello encomienda al Estado la potestad de coordinación y le asigna la competencia puntual de intervención con la finalidad de evitar daños irreparables.
Para el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, "lo más interesante" del texto, que reforma una ley socialista, es el modelo que fija permitir al Estado "tener presencia" y "definir su labor" en estos parques.
Para Ramos, la ley es constitucional y el Estado no quiere afectar a la gestión de los parques que les corresponde a las comunidades autónomas, sino hacerse "corresponsable" de las mismas.
Los 15 Parques Nacionales con los que cuenta España pertenecen todos a la Red Natura 2000, cuatro son Patrimonio de la Humanidad y diez Reservas de la Biosfera; el más grande es el de Sierra Nevada (Andalucía) con un total de 86.210 hectáreas, y el más pequeño el de las Tablas de Daimiel (Castilla-La Mancha), con 1.928 hectáreas.
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