Ayuso paga 188,4 millones a OHLA por el fiasco del tren a Navalcarnero de 2010

Punto final a uno de los litigios más longevos entre la Administración pública y la empresa privada. La Comunidad de Madrid (CAM) que preside Isabel Díaz-Ayuso ha terminado pagando los platos rotos del Gobierno Aguirre hace más de una década y ha abonado esta semana los 162,5 millones de euros que adeudaba, vía orden judicial, a la constructora OHLA, dueña del 100% de Cercanías Móstoles Navalcarnero (Cemonasa). Las acciones del grupo de los Amodio y Villar Mir repuntaron un 3,2%, hasta 0,99 euros. 

Se trata del pago por la liquidación del contrato para el diseño, construcción y explotación de la línea ferroviaria de cercanías que iba a unir a Móstoles y Navalcarnero. "De esta cantidad, 123,4 millones corresponden a la liquidación de las inversiones realizadas en la ejecución de las obras y los 39 millones restantes a los intereses de demora desde la fecha en que debió abonarse el importe. Estas cantidades, además, se incrementan en 25,9 millones de euros por la aplicación del IVA", detalla la constructora, que eleva el coste total para la CAM hasta los 188,4 millones de euros

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Tren paralizado desde 2010

Con todo, el TSJM acordó anular la resolución por la que la Comunidad de Madrid reclamaba a Cemonasa, filial de OHL, ese importe por las obras inacabadas del tren entre Móstoles y Navalcarnero, dando por finalizado el contrato. Las obras, con las que pretendían cubrir un trayecto de 15 kilómetros, fueron adjudicadas a OHL por el Ejecutivo regional en 2009 por el Gobierno de Esperanza Aguirre y Nacho González con un presupuesto de 369 millones de euros. 

Tras invertirse más 140 millones, la concesionaria lo paralizó en 2010 dejando las obras y la maquinaria en el lugar. En junio de 2015, tras cinco años paradas, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por "imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" y reclamando 285 millones de euros de indemnización.

Ante esto y apoyados en un informe del Consejo Consultivo a favor, en 2016 iniciaron un expediente a la empresa imponiéndoles 34 millones de euros de penalidades y dándoles 16 meses para la ejecución de las obras (plazo que terminó en septiembre 2017). Tras no obtener respuesta, el Gobierno regional reclamó a la adjudicataria una cantidad de más de 300 millones de euros por "incumplimiento de contrato", mientras que la empresa entró en liquidación en 2017 exigió a la administración más de 370 millones en concepto de responsabilidad patrimonial.

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Bajo la sombra de la corrupción

La Comunidad de Madrid ha intentado hasta el último momento no pagar la indemnización a OHLA debido a la causa paralela, caso Lezo, que investiga el pago de comisiones y mordidas por parte de directivos de la constructora a altos cargos del Gobierno Aguirre para conseguir el proyecto. Los implicados en la causa 'Lezo' habrían utilizado a tres empresarios para ocultar la comisión de 1,7 millones de euros que recibieron presuntamente de la constructora OHL por la adjudicación de las obras del tren, según la investigación policial. La Administración alegó en los últimos recursos ante la justicia que se debía determinar la legalidad del proyecto primero antes de afrontar cualquier indemnización a la empresa, pero el Tribunal Supremo acabó por tumbar las últimas apelaciones.

De hecho, la Administración pasó a la ofensiva bajo la presidencia de Cristina Cifuentes y demandó a la constructora por los perjuicios ocasionados por la paralización del proyecto. El pasado octubre, el Tribunal Supremo tumbó el recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se estimaba que la resolución del contrato del tren de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero por la Comunidad de Madrid y la petición de 356 millones a OHL debían ser declaradas nulas.