Ence Energía y Celulosa, la mayor papelera de la bolsa española, vive una crisis particular que amenaza su propia existencia desde hace algunos meses. Su negocio principal está en riesgo por culpa de probable cancelación de la licencia de actividad de su mayor planta de celulosa en la ría de Pontevedra. La caída de la cotización desde octubre se eleva por encima del 60%, lo que no le ha impedido entrar y mantenerse en el exclusivo club bursátil del Ibex 35 pese a que no cumple con uno de los requisitos para hacerlo: tener un tamaño de, al menos, el 0,3% del índice.
En plena marejada, la cúpula directiva de la compañía de Juan Luis Arregui, su principal accionista con el 29% del capital, ha cobrado su bonus a tiempo de evitar ser cancelado, ya los que criterios de asignación se ceñían a la evolución del negocio, que está en riesgo por el litigio judicial de su planta pontevedresa. Ocho altos directivos de la empresa acaban de recibir su bonus trienal 2016-2018 en acciones de la compañía por un importe valorado en 3 millones de euros, según las preceptivas comunicaciones que obran en manos de la CNMV.
El consejero delegado y presidente -desde abril-, Ignacio de Colmenares, junto a siete directores generales de Ence acaban de recibir algo más de 525.800 acciones de la compañía, equivalentes al 0,22% del capital. La entrega se realizó el 4 de julio a los directores generales beneficiarios del plan: María José Zueras (RRHH), Luis Carlos Martínez (Comunicación), Jordi Aguiló (Celusosa), Felipe Torroba (Energía), Reyes Cerezo (secretaria general), Álvaro Eza (Compras) y Alfredo Avelló (Finanzas). Se trata del plan aprobado hace tres años para el periodo 2016-2018.
El bonus, no obstante, ha quedado algo descafeinado por la caída de la cotización ya que estaba valorado inicialmente en más de 6 millones de euros, según la documentación de CNMV. “El 30% del importe del Incentivo se encontrará vinculado al grado de consecución de los objetivos relacionados con el aumento de valor de la acción de Ence respecto al aumento de valor de una cesta de acciones de empresas de referencia del sector”, señaló la empresa en 2016, que no respondió a las preguntas de ‘La Información’ sobre el cobro de este bonus.
Plan de negocio, en el aire
El valor de referencia de las acciones de Ence a estos efectos era de 3,5 euros, su precio al cierre de 2015. En octubre de 2018, la compañía superaba con holgura los 8 euros por acción, pero desde entonces no ha hecho otra cosa que caer, dejando el bonus en menos de la mitad. Otro 50% del bonus en acciones estaba ligado a la evolución del Ebitda (resultado bruto operativo). Sin embargo, el plan de negocio actual está patas arriba ante la incertidumbre sobre uno de sus principales activos.
Según los cálculos de la empresa, un tercio de su beneficio bruto operativo (Ebitda) está en riesgo por la amenaza de cancelación de su concesión en la planta de pasta de Lourizán (Pontevedra), cuya licencia se encuentra bajo la lupa en un proceso judicial en la Audiencia Nacional. En el litigio, Ence y el Estado se enfrentan a grupos ecologistas y asociaciones vecinales que lograron que el actual Gobierno admitiese el pasado mes de marzo parte de las acusaciones de impacto ambiental.
De este modo, la revocación de la licencia de Lourizán era una posibilidad más que real después de que se iniciase el proceso de notificación administrativa. Ence reveló que la planta generó 99 millones de euros de los 291 millones de Ebitda de la compañía en 2018, mientras que el negocio de la celulosa supone el 84% de sus beneficios brutos operativos, según las cuentas de la empresa.
La compañía se ha preparado para el cierre de su planta, aunque asegura que litigará para impedirlo. Según los cálculos de Ence, el cierre de Lourizán supondrá un impacto en caja de 74 millones de euros, de los cuales 43 millones serían costes de desmantelamiento, otros 16 millones a la cancelación de contratos y 15 millones más al coste de un expediente de regulación de empleo de extinción total que tendrá que plantear.
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