Bruselas estudia una revisión de algunas reglas de MiFID II, la directiva sobre instrumentos financieros en los mercados, ante los problemas detectados tras tres años de su aplicación. La obligación de cobrar y especificar el coste del 'research' y análisis de las empresas cotizadas ha restringido la visibilidad y cobertura de las pequeñas y medianas empresas del continente que cotizan en bolsa.
El regulador financiero de Francia, la asociación de gestores de fondos de ese país y también la de Alemania han elevado las mayores quejas a la Comisión Europea, en una consulta pública realizada durante esta primavera entre los actores involucrados y afectados por MiFID II, ya que consideran que las medianas y pequeñas empresas cotizadas sufren un frenazo en la llegada de nuevo capital ante la falta de análisis para la inversión.
Con la regulación puesta en marcha en 2018, la industria de los gestores de fondos debe pagar una tarifa a los agentes o bancos para que analicen los valores en los que invierten. Antes de la llegada de MiFID II, los bancos ofrecían gratis esta investigación de mercado sobre las empresas cotizadas. Las comisiones que se cobraban por el trading compensaban esta gratuidad. La directiva europea obligó a separar la tarifa por el research de las comisiones por el trading.
El problema de las pequeñas y medianas empresas es que generan una menor atención pública y si antes una investigación por sus actividades, negocios o mercado formaba parte del paquete completo del bróker, ahora la obligación de pagar separadamente una comisión por estos análisis ha frenado su demanda. Y esto afecta a su capacidad para atraer nuevo capital, nuevos accionistas y a la liquidez de sus actuales acciones en bolsa.
Las empresas pequeñas y las de mediana capitalización son, por tanto, unas de las principales perjudicadas de una regulación pensada precisamente para favorecer la creación de un mercado financiero único en europeo, con unas reglas armonizadas en cuanto a protección del consumidor y requisitos similares para las firmas de inversión, bancos y fondos en sus relaciones con las empresas cotizadas o que aspiran a salir al mercado.
No hay una fecha concreta para conocer el resultado de esta revisión de MiFID II, pero la Comisión es consciente de las objeciones, algunas de ellas desde hace más de un año y que ahora toman relevancia ante el toque de atención de los reguladores francés y alemán. Bruselas reconoce que está analizando el impacto de la directiva tras una consulta pública entre las partes implicadas que duró casi cuatro meses, de febrero a mediados de mayo.
Las industrias financieras de Francia y Alemania son las que presionan a la Comisión precisamente para atajar los problemas detectados sobre la investigación de mercado que afecta a las pequeñas y medianas empresas. Sus objeciones, además, acentúan la división entre el continente y Reino Unido. Fue el regulador británico el que apostó por aplicar una tarifa al servicio del análisis de las empresas cuando se creó MiFID II y ahora, tras el brexit, en el continente se apuesta por dar marcha atrás o al menos corregir parcialmente esa medida.
BVI, la asociación alemana de gestores de fondos y cuyos miembros controlar hasta 3 billones de euros en activos, pide a la Comisión que “revise las reglas sobre la disociación de actividades centrándose en las prácticas del mercado, cómo se distribuyen los costes del análisis, asegurando una cobertura apropiada de la investigación” para las pymes.
Una solución sería aumentar los análisis patrocinados por el emisor para que puedan ser distribuidos a los inversores gratuitamente sin ser afectadas por MiFid. Su homóloga francesa, la AFG cuyos gestores mueven hasta 4 billones de euros en activos, lamentó en la consulta pública de Bruselas que las nuevas reglas han “cambiado profundamente” el marco de la investigación de mercado y el análisis de las empresas, perjudicando tanto la cantidad como la calidad que se realiza.
El regulador bursátil galo, la Autorité des Marchés Financiers, mostraba precisamente en un reciente análisis que la cobertura de las compañías del país valoradas entre 150 y 1.000 millones de euros había caído un 25% desde la entrada en vigor de MiFid II.
Desde CFA Institute, una organización independiente que aglutina a profesionales de la inversión y vela por la protección del inversor financiero, ya se constató hace un año este problema que ahora sale a luz, según ha podido conocer 'La Información'. En un informe sobre el impacto de MiFID II se destacaba que “los presupuestos para análisis han estado menguando, con las grandes firmas realizando las mayores reducciones”.
El documento capitaneado en parte por sus oficinas en Bruselas destacaba que “las reducciones de este presupuesto aumentan según el tamaño de la firma: para las que gestionan más de 250.000 millones de euros en activos, la reducción media es del 11%, para las que gestionan menos de un billón, el cambio es insignificante”.
CFA Institute ponía el dedo en la llaga sobre las consecuencias de las empresas pequeñas o de media capitalización que ahora precisamente estudia la Comisión Europea. Entre sus encuestados, “un 47% de los demandantes de investigación y un 53% de los oferentes informan de una caída en la cobertura de los valores pequeños o de media capitalización”.
En paralelo, aparecía una tendencia generalizada entre los profesionales de la industria y era que los gestores de fondos cada vez pagan más por ese ‘research’ a cargo de sus cuentas en vez de cargárselo al cliente. Un movimiento observado antes de enero de 2018, cuando entró en vigor MiFID II, pero que con el tiempo se ha ido acelerando y que propicia al mismo tiempo una reducción de las partidas para el análisis o la investigación de mercado sobre las empresas cotizadas.
La conclusión es clara para el regulador francés, son los gestores de fondos en pequeñas y medianas empresas los que no se pueden permitir cubrir los costes del análisis e investigación de mercado y “por tanto son ellos los primeros en ser penalizados”.
Con la Unión del Mercado de Capitales estancada, con la pérdida de la City londinense como hub financiero propio de la UE debido al Brexit, el viejo continente no puede permitirse que en medio de una crisis económica sin procedentes sus propias normas para mejorar la estabilidad financiera y la transparencia frenen la llegada de nuevo capital al tejido empresarial. Por eso Bruselas estudia cómo conjugar las dos caras de la moneda.
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