La oferta de capital riesgo para pequeños inversores se atasca a pesar de la nueva ley

Sobre el papel ya es posible, pero la realidad es completamente diferente. La Ley de Creación y Crecimiento de Empresas (Crea y Crece) entró en vigor en España en octubre de 2022. Una de sus principales novedades es la rebaja del mínimo de entrada en fondos de capital riesgo de 100.000 a 10.000 euros, en aras de facilitar el desembarco a minoristas, ya que hasta ahora estaba reservado para patrimonios elevados o inversores institucionales. Seis meses después de que su acceso sea legal en este país, siguen teniendo la puerta cerrada. La razón radica en la escasa oferta cuando no inexistente por parte de las gestoras en desarrollar un vehículo adaptado a este nuevo marco regulatorio.

Tan sólo Bankinter ha puesto en marcha un producto que se ajusta al nuevo importe. Para ello ha creado una nueva gestora -Bankinter Investment Sgeic-, que alumbró el fondo el pasado mes de febrero. Iñigo Guerra está a los mandos de esta iniciativa, planteada como un fondo de fondos, y con la que persiguen llegar a los 100.000 euros. En el momento actual se encuentran ultimando la ventanilla para los inversores, según precisan desde la firma a este medio, cuya rentabilidad estimada oscilaría entre el 7 y el 8% a lo largo de la inversión.

Hasta la fecha figura como la única gran gestora que se ha atrevido a tantear ese nicho. El resto del sector se muestra un poco más reacio a flexibilizar el ‘ticket’ a su catálogo, siendo los 50.000 euros el monto inicial más generalizado entre las que apuestan por los activos alternativos o estudian lanzar fondos de este tipo. Uno de ellos es ATL Capital, desde el que preparan un producto con estas características. En firmas como la estadounidense JP Morgan también se contempla el desarrollo de un fondo de activos alternativos, aunque el capital inicial todavía no está determinado.

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En cambio otras como Arcano no se plantean adecuar sus productos, mientras que desde Trea Asset Management, sí están anunciando un producto enfocado en minoristas, aunque establecen el límite para entrar en los 100.000 euros. Trea Infraestructura FCR es el nombre que recibe este fondo de fondos -la fórmula más extendida- puesto en marcha con la consultora Mercer con una duración de diez años. Uno de los puntos más espinosos de la ley es que tienen la posibilidad de destinar una cantidad mayor a la establecida siempre que reciban una advertencia de los riesgos que conlleva y dejar constancia por escrito de su consentimiento al proveedor de los servicios de financiación.

A esto se añaden otras condiciones como que el cliente minorista debe ser asesorado por una compañía autorizada y que el volumen destinado no debe representar más del 10% de su patrimonio financiero que, a su vez, no debe exceder los 500.000 euros, ya que a partir de ahí se deja de formar parte de esta categoría. En este sentido, el CEO y fundador de Nextep Finance, Víctor Alvargonzález, opina que la reticencia de la gran mayoría por abrir este canal a particulares de menor poder adquisitivo radica en "evitar riesgo reputacional y sorpresas desagradables" en un contexto en el que las ‘startups’ están en el punto de mira tras lo ocurrido en Estados Unidos.

Las circunstancias en el momento actual son muy diferentes a las que había cuando ‘Crea y Crece’ se estaba gestando en el Congreso. En ese momento, los tipos de interés estaban en terreno negativo, por lo que el coste de financiación era mucho más barato. A medida que éstos se han incrementado, el cierre del grifo se ha ido estrechando y se espera que se acote todavía más a raíz del golpe financiero desatado con la intervención de SVB Financial. La caída de este prestamista de referencia para el sector tecnológico tiene su origen, además de las pérdidas ocasionadas por el aumento de la rentabilidad de los bonos y el descenso de su precio, en las retiradas de dinero realizadas por las compañías emergentes ante la dificultad para seguir abriendo rondas.

"Las entidades tienen miedo a empezar a colocar estos productos entre sus clientes", señala Alvargonzález, al tiempo que precisa que la norma no ha llegado en el "momento más adecuado", por lo que el problema para su adecuación radica en los ‘timings’. Desde la firma de banca privada A&G, se muestran más tajantes y consideran que este tipo de inversiones debe ir acompañado "de un asesoramiento personalizado que no puede llevarse a cabo en inversores de un tamaño inferior" a los citados 100.000 euros. "Se ha perdido una gran oportunidad para regular la distribución de productos de inversión alternativa extranjeros entre los inversores españoles. En la actualidad, los fondos alternativos internacionales están restringidos a los inversores profesionales. Los minoristas hubiesen salido muy beneficiados si la ley les hubiese dado acceso", señala a este medio el director de productos y servicios de A&G, Rafael Soldevilla.

Estas declaraciones contrastan con las realizadas desde la patronal del capital riesgo, SpainCap, que ha participado en la elaboración de dicho documento. El director general de la antigua ASCRI, José Zudaire, defiende que esta ley "refuerza su figura como generadoras de riqueza y empleo en la economía". "Ha sido un avance muy positivo que sitúa a España al nivel de los países de nuestro entorno. Seguiremos trabajando para mejorar la normativa", añade.