El juzgado de primera instancia número 58 de Madrid ha admitido a trámite la demanda interpuesta por Asufin en representación de 140 de sus asociados, inversores de Gowex, contra BME, regulador del MAB en el que cotizaba la compañía, por incumplimiento del deber de supervisión, y la consultora Ernst & Young (EY), en su condición de asesor registrado de Let´s Gowex, responsable del suministro y validación de la información financiera manifiestamente incorrecta.
Los afectados reclama una indemnización conjunta de 3,3 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por el valor de las inversiones volatilizadas tras comprobarse el falseamiento de la misma. La manipulación ilícita de las cuentas de Gowex durante al menos cuatro años, está siendo objeto de un proceso penal en el juzgado de instrucción 1 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Santiago Pedraz, por presuntos delitos de estafa y falseamiento de las cuentas.
Patricia Suárez, presidenta de Asufin, ha señalado que "más allá de las responsabilidades penales que se le atribuyan, los accionistas tienen derecho a reclamar que BME y E&Y respondan patrimonialmente por unas pérdidas que no se hubieran producido en caso de haber cumplido con sus obligaciones de supervisión y verificación. No es tolerable que durante cuatro años se haya dado por buena una información que nada tenía que ver con la realidad".
Óscar Serrano, abogado de Colectivo Ronda y colaborador de Asufin, que asume la dirección letrada de la demanda, recuerda que "la decisión de invertir en una empresa se realiza sobre la confianza de que la información pública relativa al estado financiero y de resultados se ajusta a la realidad y ha sido objeto de supervisión por parte de los órganos que velan por el buen funcionamiento de los mercados".
Cualquier accionista, razona el letrado, es consciente de que una coyuntura desfavorable puede comportar pérdidas en el valor de su inversión pero esto no implica que el sistema pueda desproteger por completo a los inversores. BME y Ernst & Young, como plantea la demanda, no han satisfecho las obligaciones respecto a la veracidad de la información trasladada a los inversores y son por ello responsables de las pérdidas sufridas por la falta de diligencia en la labor supervisora, es decir, 'culpa in vigilando'.
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