El Comité Ejecutivo de la CNMV, en su reunión del pasado día 11 de octubre de 2018, ha abierto un expediente administrativo sancionador por infracción muy grave a Banco Popular, su expresidente Ángel Ron, así como a los consejeros ejecutivos, a los miembros de su comisión de auditoría y a su director financiero en el momento de los hechos, por haber suministrado a la CNMV información financiera con datos inexactos o no veraces en sus cuentas anuales de 2016.
En la misma reunión, el Comité Ejecutivo de la CNMV, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley del Mercado de Valores, acordó suspender la tramitación del expediente por encontrarse en tramitación un proceso penal por hechos idénticos o inseparables hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial.
El expediente al que se hace referencia en el presente comunicado se circunscribe a los aspectos de las cuentas anuales de 2016 a los que se refirió la comunicación de información relevante efectuada por la entidad el día 3 de abril de 2017.
Ese día, la entidad comunicaba de la revisión que el departamento de Auditoría Interna, en el ejercicio de sus funciones, estaba realizando de la cartera de crédito y de determinadas cuestiones relacionadas con la ampliación de capital de mayo de 2016. Aun así, el banco destacaba que "ha considerado que, con la información de la que disponía, las circunstancias puestas de manifiesto no representan, por sí solas ni en su conjunto, un impacto significativo en las cuentas anuales de la entidad a 31 de diciembre de 2016 y no justifican, por tanto, una reformulación de éstas".
Popular achacaba, por aquel entonces, que dicho análisis preliminar "indicaba que el grueso del efecto relacionado con los créditos dudosos y las posibles insuficiencias provienen de ejercicios anteriores a 2015 y tendrían, por ello, escaso impacto en los resultados del ejercicio 2016, aunque sí afectaría al patrimonio neto". Teniendo en cuenta la información disponible, ni el efecto en resultados, ni el efecto en patrimonio neto de las circunstancias anteriores, considerando también los ajustes ordinarios de auditoría por importe de 61 millones de euros, afectan de manera muy significativa a los estados financieros del banco".
La Audiencia de Oviedo ya había condenado al Banco Popular a devolver a un pequeño accionista 12.300 euros invertidos en la compra de acciones en la ampliación de capital de 2016, año en el que supuestamente se falsearon las cuentas. El juzgado aducía que hubo error en el consentimiento, ya que los demandantes confiaron en la información suministrada por la entidad, que en la práctica "no resultaba ajustada a la realidad", por lo que se incumplió la obligación de facilitarla de modo veraz.
El banco alegó, tras dicha condena, que el folleto fue aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), advirtiendo claramente de los riesgos, y que actuó con transparencia y estricto cumplimiento del deber de información.
El Santander entrega por fin al juez los datos de Popular
El Banco Santander ha entregado este mes al magistrado Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, la documentación que éste le ha requerido hasta en tres ocasiones relativa a la fallida ampliación de capital del Popular. Aun así, le ha pedido que no dé traslado del mismo a las partes personadas en esta causa.
En el escrito, la entidad responde al último requerimiento del instructor y le remite toda la información pedida "en su integridad". Ahora bien, vuelve a solicitarle que, "dado el carácter confidencial y estratégico" de dicha documentación, solo tengan acceso a ella el Ministerio Fiscal y los peritos del Banco de España.
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