Línea roja: no puedes ni debes pasar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de levantar la voz ante el revuelo originado por el Tribunal Constitucional (TC) de Alemania con el fallo que cuestiona las compras de deuda pública realizadas por el Banco Central Europeo (BCE) entre 2015 y 2018. El Alto Tribunal, que nunca realiza comentarios de este tipo, ha roto su silencio para defender su competencia sobre cuestiones relativas a instituciones comunitarias frente a jueces nacionales y, de paso, recuerda que ya se pronunció sobre esta cuestión en 2018.
"Con el fin de garantizar una aplicación uniforme del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia, creado a tal fin por los Estados miembros, es el único competente para declarar que un acto de una institución de la Unión es contrario al Derecho de la Unión. Las divergencias entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en cuanto a la validez de dichos actos pueden llegar a comprometer la unidad del ordenamiento jurídico de la Unión y perjudicar la seguridad jurídica”, explica la institución en una declaración este viernes.
El programa PSPP (Programa de Compras del Sector Público) del Banco Central Europeo (BCE) sigue activo por valor de 33.000 millones de euros mensuales y compra tanto deuda pública de los estados en el mercado, como bonos privados. Desde marzo está acompañado por el PEPP, un instrumento ligado a la respuesta contra la crisis financiera que está desatando el Covid-19 por el confinamiento de las economías.
El TJUE avaló en diciembre de 2018 las actuaciones del BCE después de las demanda de un grupo de juristas y economistas alemanes. El TJUE recuerda que, conforme a reiterada jurisprudencia, "una sentencia dictada con carácter prejudicial por este Tribunal vincula al juez nacional para la resolución del litigio principal".
La resolución del Constitucional alemán ha obligado al BCE a salir en defensa de las actuaciones realizadas, pero ha reforzado las posiciones alemanas en contra de este programa que financia a los estados, una práctica prohibida en los estatutos del banco central. Sin embargo, la autoridad monetaria considera que su uso está acorde con su mandato de estabilizar la inflación y, desde entonces, hay presiones a la baja sobre los precios del conjunto de la economía.
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