Un movimiento imposible e impensable. El rendimiento del bono soberano español con vencimiento a diez años bajó el viernes durante la sesión al 0,052%, su nivel más bajo desde mediados de agosto de 2019, cuando se situó en el 0,04%. Ese interés permanece en los registros como el más bajo de la historia pero las perspectivas a corto plazo, y el movimiento de otros activos similares como el portugués, apuntan a un posible récord en las próximas sesiones. Por primera vez, la deuda de referencia a diez años se sitúa cada vez más cerca del 0% y al borde de entrar en terreno negativo.
La rentabilidad del bono -que se mueve de forma inversa al precio- se calcula a partir de la relación entre el cupón que paga a su tenedor y la cotización, de modo que las compras hacen caer el rendimiento y las ventas de la deuda lo elevan. La foto actual del mercado implica que el Estado se estaría financiando virtualmente gratis, sin intereses, a una década vista, pero también en todos los plazos inferiores. De hecho, los bonos cotizados a nueve años ya presentan rendimientos negativos del -0,07%, del -0,45% a cinco años y del -0,55% a tres años, entre otros activos de referencia del Tesoro Público. Dicho de otro modo: el inversor paga por prestarle.
El desplome del coste de la deuda para el Estado -y del rendimiento para el inversor- se produce en una semana clave en la que se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, los primeros en tres años pese a que deben elaborarse todos los años. Pese a que las cuentas del Gobierno son claves en la guía clave de riesgo financiero del Estado, en realidad, la euforia del mercado con la deuda pública de España poco tiene que ver esta vez con la novedad presupuestaria. Los inversores siguen guiando sus decisiones por la presencia masiva del Banco Central Europeo (BCE) como principal comprador de los bonos estatales en 2020.
El próximo jueves 10 de diciembre, el banco central que preside Christine Lagarde volverá a marcar la pauta de la evolución de la curva de rendimientos de la deuda soberana del euro. Los expertos esperan un anuncio de compras adicionales de deuda pública y privada por, al menos, 600.000 millones de euros, elevando el tamaño del bazuca PEPP (Programa de Emergencia de Compras Pandémicas) hasta los 2 billones de euros, o el 17% del PIB de la zona euro, y extendiendo las compras por seis meses hasta finales de 2021. Esta cifra colosal que está permitiendo a los estados obtener la financiación más barata de su historia para promover, a su vez, los programas fiscales de estímulo más ambiciosos desde 1945.
Como resultado de estas compras masivas y seleccionadas, los diferenciales de las distintas deudas soberanas se están estrechando como nunca en varios años. La prima de riesgo española, resultado de restar el interés de la deuda a diez años de Alemania frente al bono del Tesoro Público al mismo plazo, también se ha desplomado hasta mínimos de 2020 en los 60 puntos, una cota que no se veía desde el estallido de la crisis de deuda de Grecia en 2010 y punto de origen de los rescates a ese país, Irlanda, Portugal y España.
“El BCE no tiene como objetivo facilitar las condiciones financieras, sino más bien preservar las condiciones de préstamo actuales durante un largo período de tiempo. Dado que la política fiscal es vista como el instrumento preferido en un entorno de elevada incertidumbre cerca del límite inferior efectivo, el papel del BCE es principalmente permitir la política fiscal y asegurar condiciones de financiación favorables para el sector privado y público de la economía de la zona euro”, explica Konstantin Veit, gestor de carteras de PIMCO, la firma más relevante a nivel mundial en bonos.
En este sentido, la mano visible del banco central comprando bonos tiene varios efectos inmediatos: eleva su precio, reduce el rendimiento y permite a los estados captar nuevo capital en las subastas con un tipo de referencia que, sin su presencia, sería mucho más alto. El BCE está usando además otra herramienta que acelera esta tendencia: los TLTROs y PELTROs. Sus subastas ilimitadas de liquidez a los bancos privados alivian la potencial necesidad de dinero barato para que den crédito a empresas y hogares, aunque les permite comprar deuda soberana si lo consideran rentable. Los expertos también esperan que se amplíen los plazos de estas inyecciones de liquidez hasta final de 2021 o, incluso, hasta bien entrado 2022.
La asistencia financiera del banco central se configura como el elemento clave de la recuperación posCovid, aunque desde el propio BCE se ha promovido la creación de los Fondos de Recuperación en la Unión Europea, un instrumento fiscal que prevé desplegar 750.000 millones de euros en diversos países. España será, tras Italia, quien más reciba: 140.000 millones de euros, o el 18% del total de este capital. Las previsiones económicas siguen siendo inciertas a pesar de todos los programas de ayuda. De hecho, la recaída en recesión en el cuarto trimestre ya es el escenario central para la mayoría de países europeos por las nuevas restricciones impuestas en la lucha contra el Covid-19.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha pronosticado esta semana que España sufrirá la mayor recesión entre los países desarrollado con una caída del PIB en 2020 del -11,6%, cuatro décimas peor que las previsiones del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Para 2021 prevé un repunte del 5% y del 4% en 2022. Según ese informe, la tasa de paro cerrará este año en el 15,8%, subirá al 17,4% en 2021 y bajará al 16,9% en 2022. El lúgubre escenario económico contrasta con la cotización de la deuda pública, el principal índice de riesgo financiero país, que presenta el mejor aspecto de su historia pese a la actual crisis.
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